El PP, el PSOE y Adelante Málaga están a favor de hacer pública Limasa, la empresa de limpieza de la capital. El proceso está siendo lento por los complejos pasos jurídicos y administrativos que requiere una operación de esta envergadura. El alcalde, Francisco de la Torre, asoció el proceso a que los trabajadores, un total de 1.800, ligaran parte del salario a factores de productividad, entre otros aspectos. Pero lo cierto es que, desde fuera, hay voces que llaman la atención sobre las posibles debilidades del procedimiento. Ello ocurrió ayer en una mesa de debate organizada por la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA, bajo el título «La colaboración público-privada en los servicios urbanos ante la encrucijada de la remunicipalización». Uno de los expertos advirtió sobre los costes económicos y laborales de hacer pública Limasa.

El acto contó con la participación de Manuel Pimentel, exministro de Trabajo; Rafael Esteve, profesor de Economía Aplicada de la UMA; Juan González Alegre, profesor de Fundamentos de Análisis Económicos de la UMA; Ramiro Aurín, vicepresidente de la entidad organizadora; Gustavo Vargas, responsable de Agua en FICA-UGT y Lorenzo Dávila, director general del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), este como moderador.

Fue precisamente este último experto quien se refirió a ello, cuando en el debate se abordaron diferentes casos y ayuntamientos que han optado por la remunicipalización de algunos servicios y salió, claro está, el caso de Limasa, de plena actualidad. «Uno de los problemas es que la flota de camiones es antigua, para su renovación el Ayuntamiento tiene que hacer una gran inversión, algunos estudios hablan de 60 millones de euros, lo que podría suponer el 12 o 13% del presupuesto, lo que puede incurrir en un problema con la ley de límite presupuestario», dijo, en referencia al impacto y los costes que tendría desde el punto de vista laboral la medida, ya en marcha, por cierto.

En lo que respecta a los costes laborales, Dávila indicó que «los empleados fijos de Limasa pasarán a la categoría de indefinido no fijo, por lo que deberán someterse a una prueba -oposición o concurso público- para consolidar su puesto de trabajo». Un estudio del Institut Cerdá, señaló, advierte de que realizando un cálculo moderado -considerando que únicamente un 20% de la plantilla no superase las pruebas- cuantifica los costes de indemnización en 12,6 millones de euros.