La delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García, informó ayer de que el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha abonado ya 2,6 millones de euros -de los 12 millones previstos- a afectados en Málaga por la borrasca Gloria, que provocó graves daños entre los días 18 y 25 de enero, en Campanillas, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Coín, Estepona y Torremolinos.

Lo cierto es que este es el dinero previsto por el Consorcio de Seguros, pero no tiene nada que ver con las ayudas que deberían llegar tras la prometida aprobación de un decreto gubernamental que declare a Campanillas como zona catastrófica, tal y como pidió el pleno. Este periódico informó el pasado viernes de que, casi 45 días después de la tormenta, los vecinos de Campanillas seguían sin recibir esas ayudas del Estado, aunque sí se habían dado algunas por parte de la Subdelegación y el Ayuntamiento dio 130.000 euros en subvenciones de emergencia, además de hacer dos millones de euros en obras de emergencia en este distrito de la capital.

Fuentes municipales aseguraron ayer que se habla del dinero del Consorcio de Seguros y de las ayudas a familias sin seguro y con pocos recursos, complementarias a las que da el Consistorio, pero no se habla del decreto de ayudas más importantes que es el que espera el Ayuntamiento y por el que alcalde, Francisco de la Torre, ha conversado ya en varias ocasiones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

García, por su parte, aseguró que «se está realizando un gran esfuerzo para agilizar los pagos lo máximo posible» y estimó que en tres meses se habrán atendido las 2.237 solicitudes presentadas al Consorcio de Compensación de Seguros, que indemniza a asegurados afectados por inundaciones.

De forma paralela, añadió, la Subdelegación del Gobierno cerró el 25 de febrero el plazo de presentación de solicitudes de ayudas dirigidas a familias con pocos recursos, establecimientos industriales, comerciales y de servicios y gastos de emergencia en los que hayan incurrido los ayuntamientos. Hasta el momento, se han presentado solicitudes de 83 unidades familias o de convivencia (familias), tres de establecimientos comerciales o industriales, otras tantas de comunidades de propietarios y una de una corporación local por gastos de emergencia.

Estas subvenciones están reglamentadas por el Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a situaciones de emergencia. La concesión de estas ayudas son subsidiarias respecto a cualquier otro sistema de cobertura de daños. «Ahora nos encontramos en el momento de estudio y valoración de dichas solicitudes, cuyo trámite administrativo de instrucción y resolución acaba de comenzar hace ocho días y después del cual podremos conocer tanto el número de beneficiarios que cumplen los requisitos como el importe a abonar».

Al margen de estas ayudas, se está valorando habilitar una línea de ayuda complementaria al amparo de lo previsto en el artículo 1.3 del Real Decreto Ley 11/2019. Dichas ayudas estarían reguladas por el Ministerio de Política Territorial e irían dirigidas a la reparación de infraestructuras públicas de ayuntamientos y diputaciones con una cofinanciación por parte del Estado del 50% del coste de las reparaciones. «Para poder cuantificar estas ayudas, se ha pedido a ambas administraciones que presenten una estimación de daños en sus infraestructuras, lo que ya han realizado y estimado en casi 4 millones de euros en la provincia», dijo la delegada, quien señaló que el ministerio deberá estudiar las estimaciones y publicar la disposición reguladora de ayudas.

Hacienda, además, está efectuando actualmente los trámites necesarios para solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.