­El endurecimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus va a dejar a la economía malagueña prácticamente al ralentí, en línea con esa «hibernación» de la que el pasado domingo hablaba el Gobierno . Hasta ahora, las restricciones de actividad del decreto de estado de alarma aprobado por el Ejecutivo a mitad de marzo habían afectado de una u otra forma (ya sea deteniendo o, en el mejor de los casos, ralentizado) al 70% de la producción de la provincia, incluyendo segmentos como la hostelería, el turismo, el comercio y un gran abanico de empresas del sector servicios, según los cálculos de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

Pues bien, esta misma patronal estima que desde ayer, la orden de paralización de todas las actividades no esenciales para reducir al máximo la movilidad de los trabajadores elevará la tasa de tejido productivo afectado hasta el 80% u 85%, ya que segmentos como la construcción, que seguían trabajando pese a las dificultades, también han tenido que echar ahora el freno hasta el 9 de abril.

El presidente de la CEM y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, advirtió ayer de que este parón puede llevar al cierre de muchas empresas, que no se pueden mantener «sin ingresos y con los mismos gastos». Criticó además la «improvisación» del Gobierno y la «confusión» generada con esta cuestión. Citó como ejemplo que a las 15 horas del domingo había una lista de 40 excepciones al cese de la actividad y a las 23.36 horas, de 25, lo que provocó que hubiera empresas que no sabían qué hacer con el turno de noche.

«La economía no se puede hibernar. No podemos bloquear el motor, porque puede que después no arranque. Seamos sensatos, no podemos dejar de producir, porque entonces estaríamos generando un problema todavía mayor», afirmó González de Lara, que cree que la estrategia no deber ser tanto detener la economía como «proteger a los trabajadores todo lo que sea necesario», con fórmulas como el teletrabajo y con máxima protección para quienes tengan que acudir de forma presencial.

El responsable de la patronal demandó iniciativas que permitan inyectar liquidez en las empresas con moratorias, aplazamientos y fraccionamiento de obligaciones fiscales. A su juicio, Andalucía tiene además el «hándicap» de que un 70% de su tejido productivo es industria turística, hostelería, ocio y comercio minorista, y que su empresariado está compuesto en un 96% por pymes, lo que «dificulta más» la recuperación.

Los empresarios dicen no discutir la medida del Gobierno porque «la prioridad es la salud», pero instan a que se tomen otras consideraciones para evitar un «agravamiento de la situación».

«Son muchísimas las empresas y autónomos que estarán en grave riesgo. No se puede mantener una empresa sin ingresos y con los mismos gastos. Todos tenemos hipotecas, financiación, inversiones, que hay que amortizar. Comprendemos las justificadas razones sanitarias que mueven al Gobierno, lo que no podemos entender es por qué no adoptan medidas eficaces para salvaguardar la continuidad de las empresas», afirmó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma), Antonio López, afirmó que únicamente entre el 15% y el 20% de sus negocios vienen estando operativos desde que se decretó el estado de alarma, una tasa que bajará todavía más con las nuevas medidas del Gobierno.

«Vivimos momentos complicados pero lo peor es que no sabemos lo que van a durar. Los ingresos y los clientes han caído por completo, pero nuestras obligaciones de pago siguen ahí. Entendemos las medidas del Gobierno, pero hay que tener cuidado en cómo se aplican si no queremos generar una crisis todavía peor. Hay que mantener el equilibrio entre salud y economía», aseguró.

La construcción, parada

El sector sin duda más damnificado por la «hibernación» decretada por el Gobierno es la construcción, con más de 50.000 trabajadores en Málaga. El Gobierno introdujo el domingo a última hora la posibilidad de que los trabajadores de sectores donde era imposible interrumpir de modo inmediato la actividad pudieran ayer, lunes, llevar a cabo las tareas imprescindibles para cerrar de forma adecuada.

Así, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Violeta Aragón, comentó que todas las empresas se dedicaron ayer a organizar con un mínimo de personal la clausura de sus obras, retirando material y maquinaria y articulando medidas de seguridad.

«Hemos asegurado la colocación de las grúas y actuado sobre espacios abiertos o huecos de escaleras, para evitar vandalismo y cualquier accidente en caso de que entrara alguien», explicó Aragón, que no critica el fondo de las medidas sino la premura. «Cerrar una obra no es como echar la llave a una casa. Se ha anunciado precipitadamente cuando se podía haber hecho de forma más organizada, afirmó.

La paralización del sector de la construcción, que se hace extensiva a la obra pública, tiene sólo dos excepciones: siguen en marcha las obras de emergencia y de conservación de carretera.

De esta forma, Aragón cree que el sector quedará inactivo al 99%. Desde la entrada en vigor del estado de alarma, la construcción había venido trabajando a medio gas, ya que había carencias en el suministro de material y complicaciones a la hora de organizar el trabajo para cumplir con los criterios de prevención sanitaria. Ahora, con la parálisis, se abre un escenario nuevo, con la ejecución de obras detenida por completo.

«Habrá ahora que ver cómo se ajusta al circulante. Las empresas van a tener que afrontar los mismos pero sin recibir ningún ingreso. Echamos en falta medidas de apoyo por parte del Gobierno», afirmó la representante de la ACP, que calcula que la construcción aglutina a unas 3.800 empresas en Málaga, entre compañías medianas y pequeñas firmas de servicios que trabajan como subcontratas.

Junta y sindicatos

En el ámbito político, la Junta de Andalucía insistió ayer en ralentizar la actividad económica pero sin llegar a la parálisis total porque «un parón un seco imposibilitará arrancar con facilidad cuando el virus pase» y acusó al Gobierno de generar incertidumbre con la forma en la que está tomando decisiones. Así lo expuso el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en línea con la petición que ya realizó el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Bendodo dijo que es de «sentido común» que se «limite la actividad» pero sólo «en cuestión de ralentizarla», para que luego sea más fácil «arrancar el motor».

Y desde el ámbito sindical, CCOO y UGT mostraron su apoyo a las restricciones aprobadas por el Gobierno, con el objetivo final de reducir el ritmo de contagios y quitar presión al sistema sanitario. Además, valoraron que haya un permiso retribuido y que no se suspenda la relación laboral. «Ante el riesgo de que los centros de trabajo sean puntos de contagio es mejor que pare el mayor número de trabajadores», declaró el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Muñoz.