La agente en prácticas de la Policía Nacional destinada en Ronda cuya formación va a ser suspendida por haberse quedado embarazada recibió este pasado lunes la resolución de la Dirección General de la Policía (DGP) por la que se le comunica dicho aplazamiento. Una decisión que, de ejecutarse, impediría a esta joven de 30 años jurar su cargo a pesar de que ya ha completado el 80% de las mismas y que lo que le queda es una labor de oficina que no pone en riesgo su salud ni la del feto, según Jupol. A través de un escrito, la agente asegura encontrarse en una situación de desamparo porque la paralización del proceso de formación supone quedarse sin salario y sin la cobertura de su seguro médico habitual. La organización sindical ha anunciado que acudirá a los juzgados de Madrid, donde orgánicamente se encuentra la División de Formación, para solicitar medidas cautelarísimas que paralicen el procedimiento, ya que entienden que el mismo queda neutralizado por el decreto que ha activado el estado de alarma de la crisis del coronavirus.

La resolución, en todo caso, no se aplicó el lunes puesto que los responsables de la Comisaría de Ronda decidieron que, al enmarcarse en una situación tan excepcional como la que ha provocado el Covid-19, tiene que ser la Escuela de la Policía Nacional la que tenga la última palabra.

Hasta ahora, la administración se ha sido implacable con la agente, que se encuentra en la decimoquinta semana de gestación. El secretario provincial de Jupol, Miguel Millán, explica que la resolución se basa en una norma «desfasada» sobre la toma de medidas para proteger tanto a las agentes en prácticas en estado de gestación como de los fetos: «Es evidente que hay casos en los que una embarazada puede correr más riesgos de los que hay que protegerla, como el trabajo en la calle, pero ella ya ha superado las prácticas en los que podía exponerse a dichos riesgos y sólo le queda una parte que es de oficina». Para Millán es especialmente doloroso que la resolución no cuente con la opinión de la afectada y que llegue después de que el 11 de febrero los servicios de prevención de la Jefatura de Policía de Andalucía Oriental emitiera un informe en el que no se detectaban agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan afectar negativamente a su situación.