La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha hecho un trabajo de recogida de las medidas propuestas por sus organizaciones territoriales y sectoriales, con el objetivo de trasladarlas a los correspondientes ayuntamientos y a la Diputación Provincial, para que se pueda ayudar a las empresas y a la recuperación de la actividad económica y del empleo. La CEM recuerda que el 85% de las empresas de la provincia de Málaga "se han visto obligadas a cerrar sus puertas o han sufrido caídas sin precedentes en su facturación" como consecuencia de la crisis del Covid-19 y las medidas adoptadas para combatirla y teme que, tanto el periodo de estado de alarma nacional como el tiempo posterior, "pongan en serio peligro la continuidad de las empresas y el empleo".

"Somos conscientes de que algunos ayuntamientos ya han puesto en marcha medidas de apoyo en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, con carácter general, queremos dirigir las siguientes peticiones de manera uniforme a todas las corporaciones locales de la provincia", ha explicado este martes la patronal malagueña, presidida por Javier González de Lara. Los empresarios destacan que "es en este momento cuando mayor es la necesidad de liquidez de las empresas, ante la falta de ingresos y la obligación de seguir manteniendo sus pagos".

Las demandas de la CEM pasan, en primer lugar, por el "abono inmediato" de las facturas pendientes de pago a proveedores, para facilitar liquidez a las empresas y aprobar conciertos con entidades financieras para la factorización por las mismas de todas las facturas de proveedores sin recursos.

En en el ámbito tributario se reclama la eliminación del cobro de los siguientes impuestos y tasas por el tiempo que dure la crisis: Impuesto sobre circulación de vehículos (IVTM); tasa por vados, ocupación de la vía pública, toldos y veladores; tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos y alcantarillado en los meses de cierre, ya que en muchos casos se ha dejado de hacer uso de este servicio (restaurantes, hoteles, comercios cerrados€); tasa de puestos en mercados de abastos; IBI en las fincas urbanas donde se desarrollen actividades empresariales y estén cerrados o con escasa o nula actividad económica o IAE de las actividades que se han paralizado o hayan tenido más de un 70% de caída de su actividad.

Para aquellos casos en que no sea posible la exoneración del pago de impuestos, la CEM pide que se establezca una moratoria en la recaudación de al menos seis meses y un plan de pago fraccionado para cada empresa, con el objeto de poder abonar periódicamente prorrateado según las posibilidades de cada caso, todo ello sin gastos ni intereses.

También solicita que se congele en el tiempo cualquier procedimiento que conlleve el pago de deudas atrasadas, una vez justificada la buena fe de la empresa contribuyente, hasta que no se regularice la situación. Y que no se inicie ningún proceso nuevo de estas características. Se propone además propiciar una posible "caja única de fiscalidad municipal" desde la que sea posible la condonación de deudas de la empresa con su ayuntamiento y la Diputación, de manera que sea "ágil y eficaz" las posibles condonaciones y compensaciones.

En el caso de la Diputación Provincial de Málaga, la patronal demanda la eliminación del recargo provincial del IAE de la parte proporcional correspondiente al periodo de pandemia. Además, se solicita que el Patronato de Recaudación Provincial se implique en la búsqueda de soluciones que puedan ofrecerse a los Ayuntamientos para poner en marcha las medidas requeridas, tales como aplazamientos sin gastos ni intereses.

Medidas para el día después

Cuando se retorne la plena actividad económica, la CEM cree que será "imprescindible" que las Administraciones Públicas atiendan las demandas y sugerencias de los distintos sectores empresariales, "a fin de contribuir a que la recuperación sea lo más rápida posible, evitando así entrar en una recesión más duradera".

"Si importante es reaccionar a tiempo y con unidad de criterio durante la crisis, no lo es menos la necesidad de trabajar de manera inmediata en la recuperación de la actividad económica una vez superado el estado de alarma consecuencia de la pandemia. Tenemos tiempo e ideas claras sobre las necesidades de las empresas, una vez podamos operar en un entorno normalizado que será distinto al anterior de la crisis. De todos, de Administraciones y empresas, depende la capacidad de dotarnos de los medios adecuados para hacer una recuperación más breve y exitosa", explica la Confederación.

Así, se reclama que se facilite la reunificación de deudas crediticias ya existentes en un único crédito, buscando el aplazamiento y flexibilización; una mayor agilización de trámites burocráticos tanto en la gestión de cualquier ayuda o solicitud de exención como para reanudar actividad tras esta parálisis económica; una moratoria en el pago de determinados impuestos de ámbito municipal, sobre todo en los generadores de empleo; y un aplazamiento de la Tasa por Licencia de Obra sin intereses a 18 meses, siempre antes de la obtención de la Licencia de Primera Ocupación o Utilización e implantación inmediata del instrumento de Licencias de Primera Ocupación por declaración responsable.

Otras medidas sugeridas son las exenciones o bonificaciones en el pago de las Tasas por Ocupación de Vía Pública durante los próximos 12 meses al levantamiento del Estado de Alarma, "lo que favorecería especialmente a la hostelería y la construcción"; la bonificación en la Tasa por licencia de apertura; la bonificación en el Impuesto de Actividades Económicas; y la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de activos inmobiliarios adscritos a la actividad empresarial.

La CEM entiende que se debe también "apoyar a las empresas y autónomos a la hora de conseguir una reducción de costes en suministros (luz, agua) en aquellos ayuntamientos que estén vinculados a la gestión de los mismos a través de empresas municipales o participadas".

Para la patronal, los ayuntamientos y la Diputación provincial tienen que colaborar con las organizaciones empresariales en la elaboración de un análisis del impacto de las medidas adoptadas a propósito de la pandemia, en comercios y hostelería en los distintos municipios de la provincia. Todo ello con un doble objetivo: que se puedan diagnosticar y cuantificar los daños y que se propongan "medidas ágiles y eficaces para recuperar las ciudades, sus centros comerciales así como el empleo en el corto y medio plazo".