El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reunido en un documento base cien medidas de choque para evitar el colapso del sistema jurisdiccional tras el fin del estado de alarma. El fin de ese proyecto es «agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables, y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo a las que tendrán que hacer frente», dice el Poder Judicial.

Son cien medidas, algunas de ellas comunes y otras específicas y se acompañarán de otras para la resolución extrajudicial de conflictos, protección de los colectivos más vulnerables, medidas tecnológicas y de formación para la carrera judicial. El juez decano de Málaga, José María Páez, no se atreve a hacer una estimación del número de asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales que vendrán tras la crisis sanitaria, pero contesta con un «podría ser» cuando se le pregunta si se tratará de miles de procedimientos. «Esas medidas habrá que verlas cuando estén funcionando, pero siempre estamos abiertos a medidas imaginativas. Aunque lo que hace falta son más jueces y más dinero para el partido judicial de Málaga y los de la provincia. De cualquier forma, estamos preparados para cualquier avalancha y cuando pase la crisis habremos puesto muchas resoluciones. No hemos dejado de trabajar». El juez decano se refiere a que llueve sobre mojado y que hace mucho tiempo, y no sólo ahora, se necesitaban medidas de calado con más funcionarios y jueces resolviendo para acabar con las enormes cargas de trabajo que soportan los juzgados malagueños.

Las medidas de carácter general son las siguientes: aplicar mecanismos de refuerzo en los órganos que resulten sobrecargados, establecer normas de reparto y especialización de los juzgados en el orden Civil excediendo el ámbito del partido judicial, así como la habilitación plena del mes de agosto para tramitar y resolver procedimientos y el dictado de 'sentencias in voce', grabadas por medios telemáticos, así como limitar la interposición de recursos.

El orden Civil, ya muy sobrecargado, «será uno de los más afectados por las consecuencias económicas derivadas de las medidas adoptadas, teniendo que hacer frente a un importante número de procesos concursales y otros en los que se diriman cuestiones que afecten a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o pretensiones propias del Derecho de Familia», dice el Consejo. Así, se propone la posibilidad de otorgar los apoderamientos 'apud acta' hasta el momento previo a la celebración del acto de audiencia previa en el juicio ordinario o de la vista en el juicio verbal, o la exigencia a las partes de la aportación de un correo electrónico y un teléfono en sus escritos para agilizar las citaciones y las notificaciones».

«También se propone establecer cauces de unificación de criterios interpretativos que eviten respuestas judiciales encontradas y desincentivar las litigaciones sin fundamento mediante la regulación específica de la condena al pago de las costas procesales o la posibilidad de imponer una multa como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables» en el orden Civil. Se elevan además hasta los 15.000 euros las demandas cuyo cauce procesal se determine por razón de la cuantía.

En Familia, se establece un trámite de incidente de ejecución rápido para resolver las peticiones de compensaciones de regímenes de visitas para los progenitores que durante el estado de alarma no hayan podido disfrutar del periodo establecido por resolución judicial. El Consejo prevé una avalancha o por las solicitudes de compensación de días de visitas a los hijos comunes. En Mercantil se prevé que se disparen los procedimiento de insolvencia por parte de las empresas, por lo que tendrán una tramitación ágil.