La crisis del coronavirus, al margen de su dramática vertiente sanitaria, está golpeando también de forma muy dura a la economía y al mercado laboral con, de momento, 23.700 empresas malagueñas que han solicitado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Pero estos mecanismos legales, que permitirán a los trabajadores de esas firmas acceder temporalmente al colchón del desempleo, no deben hacer olvidar otra realidad, la lacra de la economía sumergida, que permanece siempre escondida y que continuará siendo invisible durante el presente estado de alarma. Así, estos empleos «en negro» se convierten, por un lado, en un daño para los poderes públicos al limitar los recursos con los que afrontar la pandemia y, por otro, deja a esos trabajadores sin protección alguna de cara a afrontar una crisis de proporciones gigantescas y duración incierta, sin posibilidad de obtener ingresos y sin derecho a paro. No les quedarían más opciones que acudir a ayudas sociales o a las instituciones benéficas.
Pero, ¿cuántas personas trabajan en la economía sumergida en la provincia de Málaga? El dato, obviamente, no existe pero se han realizado diversos estudios que permiten, por lo menos, acercarse a la magnitud de un fenómeno que, pese a los esfuerzos de la administración, resulta muy difícil de erradicar. Según las estimaciones realizadas hace tres años por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la economía sumergida mueve en Málaga el equivalente al 28% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia. Málaga se sitúa algo por debajo de la media andaluza, que alcanza el 29,2%, y por encima de la nacional, que está en el 24,6%. Teniendo en cuenta que el PIB provincial alcanzó el pasado años los 34.500 millones de euros, el dinero negro que escapa al control de las administraciones se situaría así en el entorno de los 9.600 millones, siempre con cálculos a partir de estas tasa estimadas. Dentro de la economía sumergida hay diversos campos de fraude, siendo uno de ellos el laboral.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explica a este periódico que la profundidad de esta crisis se comprobará en los próximos meses y destaca el doble perjuicio que la economía sumergida inflige al Estado: por una parte dejando a muchas personas sin derechos en un momento crucial y, por otro, mermando la capacidad de recursos de las administraciones debido a todas aquellas cotizaciones que se han dejado de percibir. «Los desagües de la economía sumergida provocan que no tengamos un Estado del Bienestar como querríamos, porque hay muchas personas por las que no se está tributando. Y en una crisis sin parangón, vemos por ejemplo como el presupuesto de la Sanidad no da para más», añade.
La correspondencia en empleos es difícil de estimar, aunque un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que en España el número de personas que viven exclusivamente de la economía sumergida equivale a un volumen similar al del 17,3% de los trabajadores que desempeñan su labor de forma legal. Dado que, según la última oleada de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente a final de 2019, en Málaga hay 647.900 ocupados, eso hace suponer que en la provincia podría haber además otras 112.000 personas que trabajan sin contrato, ya sea obligados de forma fraudulenta por sus empresas o ejerciendo así su actividad por decisión propia.
La situación se vuelve aún más compleja si se tiene en cuenta a las personas que, aunque están dadas de alta a tiempo parcial, echan en realidad muchas más horas de las que estipula su contrato, cobrando una parte de su salario «en negro» una situación fraudulenta que, evidentemente, también es considerada economía sumergida. Además, y en relación a las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la pandemia, estas personas también verían muy reducidas las prestaciones a las que tuvieran derecho, pues sólo habrían cotizado por una pequeña parte de su jornada real.
La OIT considera en su informe que esta modalidad de economía sumergida supone un montante equivalente al 9,9% de los ocupados en España, lo que en el caso de Málaga dejaría otras 64.000 personas afectadas.
Previsiones sindicales
El secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, afirma a este periódico que resulta complicado hacer estimaciones sobre un fenómeno tan invisible como la economía sumergida pero afirma que, según las impresiones del sindicato, el volumen de afectados en Málaga por esta lacra supera de largo las 100.000 personas, ya sea de personas directamente sin contrato o de trabajadores a tiempo parcial que, en realidad, echan jornadas completas.
Cubillo recuerda que el desfase entre personas inscritas en la Seguridad Social y lo que afirman en la Encuesta de Población Activa estar trabajando es ya, de entrada, de 20.000 personas. Además, el dato de horas extra no remuneradas en Andalucía (para las que se estima un coste anual de 1.423 millones de euros) dibuja un panorama de decenas de miles de trabajadores abocados a cumplimentar muchas más tiempo del que su horario estipula.
«El 30% de la contratación en Málaga es a tiempo parcial y, francamente, no es creíble que una empresa que funciona mañana y tarde tenga tanta necesidad de medias jornadas o incluso de menos», opina. A su juicio, la pandemia del coronavirus va a generar «más pobreza» en la provincia que en otras zonas de España debido a la alta tasa de temporalidad y parcialidad que, en especial, tiene el mercado laboral malagueño. Cubillo recuerda además que hay 60.000 parados que llevan más de un año sin trabajo y que, según los últimos datos de marzo, cerca del 50% de los 183.000 desempleados de la provincia (o sea, unos 90.000) no estarían cobrando de momento ninguna prestación, a espera de que los que hayan sido incluidos en ERTE debido a la pandemia vayan siendo reconocidos como tal para percibir las ayudas.
El responsable de CCOO destacó que los trabajadores incluidos en ERTE a partir del 25 de marzo cobrarán seguramente la parte de su salario que corresponda al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ya en mayo, por lo que este mes de abril, económicamente, se les hará «muy duro». Cubillo también lamenta que haya muchos trabajadores fijos discontinuos, principalmente del ámbito de la industria turística, «que no han sido incluidos por sus empresas en estos expedientes, lo que les deja sin posibilidad de acceder a paro».
Además, advierte de que los «verdaderos problemas» para otros muchos empleados temporales pueden venir cuando acabe el estado de alarma y se vea lo que ocurre con las medidas extraordinarias del Gobierno establecidas para ese periodo, con la incógnita de si la economía recupera o no progresivamente su actividad. CCOO teme así que el efecto de la pandemia en la economía termine dejando en la estacada a un parte de la mano de obra, que se vería abocada a tirar de instituciones de ayuda social.
