El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, destacó que «los retrasos en el pago de los ERTE que sufren los trabajadores afectados son al cien por cien una responsabilidad del Gobierno central», exigiendo al Ejecutivo que «abone en tiempo y forma estas prestaciones a los casi 120.000 trabajadores afectados en la provincia, que suponen el 30% del cómputo andaluz».

Así lo expuso Carmona durante una rueda de prensa virtual junto al vicesecretario de Política Municipal, José Antonio Víquez. En este marco, Carmona también solicitó al Gobierno que «desvincule las prestaciones por ERTE de manera exclusiva al estado de alarma», destacando que «su prioridad durante los próximos meses debe ser la protección de los trabajadores».

De este modo, criticó que «la inoperancia del Gobierno mantiene a miles de malagueños acogidos a ERTEs sin percibir los ingresos que le corresponden», subrayando que «el único culpable de esta situación es el Ejecutivo central, que es la única administración competente, pese a que el PSOE está tratando de confundir a la ciudadanía y echar balones fuera, su especialidad».

En este sentido, Carmona explicó que «esta obligación no responde a la situación de mando único, sino que las competencias siempre han estado atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); no es ninguna novedad». «La Junta no tramita estas ayudas, únicamente las recepciona y redirige al Gobierno, de manera que más del 80% de las solicitudes recibidas ya han sido derivadas el Ejecutivo, lo que se traduce en 22.501 empresas acogidas a ERTEs y 119.374 trabajadores afectados en la provincia de Málaga», incidió Carmona.

A este respecto, señaló que «el Gobierno andaluz está cumpliendo con su parte, basada exclusivamente en recepcionar y redirigir las solicitudes al Ejecutivo, para lo cual ha reforzado la plantilla con hasta 500 trabajadores». «La Junta está siendo diligente en su actuación para dar salida a este aluvión de peticiones en un tiempo récord, además de haber planteado diferentes soluciones al Ejecutivo, como que se pague semanalmente para que los trabajadores afectados no tengan que esperar más de dos meses en recibir las prestaciones, tal y como está ocurriendo», lamentó.

El dirigente popular manifestó que «los autónomos también están siendo perjudicados por las decisiones de este Gobierno, teniendo que afrontar las cuotas mensuales». «Es lamentable que la Junta esté dando la cara con ayudas de 300 euros para que puedan hacer frente a esas cuotas en una situación de inactividad o donde la actividad se reduce muchísimo; es una prestación que paradójicamente recaerá sobre las arcas del Estado», indicó.

Por su parte, el vicesecretario de Política Municipal, José Antonio Víquez, trasladado la «honda preocupación de los ayuntamientos, de todos los signos políticos, ante la insinuación de la ministra Montero de expropiar los ahorros municipales». «Las administraciones locales necesitamos en este momento certidumbre y tranquilidad, no una nueva preocupación; se trata del dinero ahorrado por todos los ayuntamientos y diputaciones, que en la provincia alcanzaría unos 300 millones de euros, si bien a nivel nacional hablamos de 28.000 millones de euros», explicó Víquez.