Sobre los criterios estudiados por Sanidad para aceptar o denegar las propuestas de las comunidades autónomas para entrar en fase 1, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado los dos "requisitos imprescindibles" esbozados en la Orden SND/387/2020 para la transición a la "nueva normalidad", en concreto, contar con entre 1,5 y 2 camas UCI y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos para 10.000 habitantes. Por tanto, las comunidades autónomas debían contar con estos equipamientos a priori para presentar sus planes de desescalada o bien, garantizar la capacidad de disponer de ellos en un plazo de 5 días, ambas condiciones impuestas por el Ministerio de Sanidad para aceptar la propuesta de la administración regional.

Según Simón, cumplidos estos dos requisitos, se valoran los parámetros relacionados con la transmisión de la enfermedad: "número de contactos efectivos", esto es, aquellas situaciones en las que se ha producido la transmisión de la enfermedad, junto al número de casos confirmados por pruebas PCR, la incidencia acumulada en los últimos 7 y 14 días, el porcentaje de sospechosos a los que se les ha practicado la PCR y su tasa de positividad.

Entre los criterios para valorar la gravedad de los territorios, "que llevarían a tomar medidas drásticas", Simón ha explicado que se ha tenido en cuenta el número de pacientes hospitalizados y el grado de ocupación así como el número de casos en UCI en los últimos siete días y el grado de ocupación. De la misma forma, se han tenido en cuenta la cifra de fallecidos y el grado de letalidad en ese mismo periodo de tiempo.

Y por último, el tercer bloque examinado por las autoridades sanitarias para proponer al territorio examinado para pasar a fase 1 engloba la capacidad de detección y la respuesta ante la posibilidad de un nuevo brote de Covid-19, donde la Atención Primaria juega un papel fundamental para garantizar el diagnóstico precoz y la realización de pruebas PCR. El director del centro de coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias ha explicado que en este punto se han valorado cuatro situaciones: que las administraciones regionales cuenten un plan ya implementado para responder a las necesidades asistenciales en caso de repunte a partir del 11 de mayo; que dispongan de un plan listo para iniciarse el 11 de mayo; que hayan diseñado el plan pero no "está asegurado su inicio el 11 de mayo" o bien, carecen de ese plan "y no está claro el inicio el 11 de mayo".

Otro criterio para evolucionar de fase ha sido contar con protocolos de seguridad y aislamiento para garantizar el control en residencias de mayores y centros sociosanitarios. En palabras de Fernando Simón sobre estos parámetros, "algunos son claramente cualitativos, otros muy cuantitativos" que han exigido una valoración conjunta y que han requerido "discusiones muy intensas y muy interesantes" para tomar una decisión.