Los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestionaron el pasado mes de abril más de 3,3 millones de prestaciones por desempleo individuales en España, cifra que multiplica prácticamente por siete a la registrada en 2019, cuando rondó los 511.848 expedientes, según un informe presentado este miércoles por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que también destaca que la plantilla solo se ha incrementado en este tiempo un 10%. En el caso de la provincia de Málaga, el aumento de la tramitación de coberturas es del 496%, es decir, que la carga de trabajo en este apartado se multiplicó casi por seis en relación al mismo mes del año anterior.

El sindicato ha explicado que este incremento de la plantilla ha supuesto una suma de 780 interinos, "«pese a que el Gobierno se comprometió a hacerlo en 1.000 trabajadores hace dos meses", hasta totalizar en 7.892 personas. Según denuncia CSIF, en los últimos cuatro años esta plantilla se ha visto reducida en 1.000 personas y presenta una tasa de temporalidad cercana al 20%.

En Málaga, la plantilla del SEPE está integrada por algo más de 300 personas. La provincia ha recibido como refuerzo un total de 30 interinos, aunque éstos no se han incorporado a trabajar hasta este 11 de mayo, ya que antes han tenido que realizar el debido proceso de formación, según ha informado a este periódico el presidente de CSIF en Málaga, Juan Carlos Pedrosa.

La central sindical dice que el retraso que se está produciendo en la gestión y abono de los ERTE se debe, entre otros, a desinformación, ya que el SEPE tuvo que hacer frente a "la gestión de cientos de miles de ERTE desde el 26 de marzo sin ni siquiera disponer todavía de una plantilla totalmente organizada para gestionar la descomunal carga de trabajo".

El SEPE reconoció 123.300 nuevas prestaciones en abril en Málaga y cubre ya a casi 212.000 personas, según los últimos datos del Ministerio. En el caso de los ERTE, la Seguridad Social maneja unos 130.000 afectados, y más de 90.000 ya tenían tramitada la prestación a incios de este mes, lo que dejaría un volumen de unos 30.000 por resolver (aunque la cifra ha podido bajar con el paso de los días). Pedrosa afirmó que el objetivo del SEPE es terminar de autorizar todas las prestaciones antes de final de este mes, para que todos los afectados por ERTE puedan ya estar cobrando en junio.

Por provincias, el mayor incremento de la carga de trabajo para los funcionarios del SEPE se ha dado en Palma de Mallorca, con un incremento respecto a 2019 del 1.300%. Por detrás, le siguen Álava (+950%), Girona (+902%), Barcelona (+853%), Madrid (+810%).

Pedrosa ha valorado el refuerzo de 30 interinos en Málaga, pero ha advertido de que la cifra es "claramente insuficiente" para un momento "excepcional" dada la incidencia del coronavirus en el mercado de trabajo. Además de los ERTE, el SEPE también tiene que tramitar las prestaciones por despidos por causas objetivas, finalizaciones de contratos temporales, pases a inactividad de fijos discontinuos o ceses en periodos de prueba, junto al servicio habitual que se presta a colectivos como los desempleados de larga duración, que pueden acceder a ayudas como la renta activa de inserción (RAI), el subsidio extraordinario por desempleo (SED) y otros tipos de subsidios.

En España, hasta abril, el número de procedimientos colectivos presentados entre la segunda quincena de marzo y el mes de abril ascendió a 552.492, con más de 2,8 millones personas incluidas. Asimismo, se ha atendido la gestión y abono de más de 5,1 millones de prestaciones individuales en el mes de mayo, diez veces más expedientes que en el mismo mes de 2019.

"No podemos obviar que se procedió al confinamiento de toda la población, lo que incluía también a todos los que forman la plantilla del SEPE, y organizar todos los trabajadores desde sus domicilios y sin la posibilidad de acceder a la mayoría de sistemas informáticos fue una cuestión extraordinariamente compleja", ha explicado CSIF.

Por otro lado, ha apuntado que los retrasos se deben también a que la autoridad laboral entró "en colapso" para acreditar la causa de fuerza mayor, "teniéndose que ampliar en un número significativo de provincias el plazo de resolución de cinco días para esta verificación".

"Un significativo número de ERTE se han tenido que resolver de oficio por parte del SEPE, aplicando lo que en procedimiento administrativo es el 'silencio positivo', al no resolver dicha autoridad laboral en el plazo estipulado", ha comentado CSIF, que dice que, no obstante, antes de resolverse la tramitación así, el SEPE tuvo que esperar el plazo de entre cinco y diez días.

La organización remarca también los "errores" que ha habido en la documentación aportada por parte de las empresas o las modificaciones en la presentación de los ERTE, ya que, por ejemplo, ha habido empresas que inicialmente presentaron un ERTE por reducción de jornada y que, posteriormente, decidió suspender la relación laboral del conjunto de trabajadores.

El sindicato dice que miles de personas afectadas por un ERTE todavía siguen pendientes de recibir su prestación, pese a que, según remarca el sindicato, "la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, indica que esta cuestión está resuelta".

"Esta situación genera incertidumbre, decepción y, desde luego, vulnerabilidad en este colectivo de desempleados, que traslada su profundo malestar a los trabajadores del SEPE, que son quienes dan la cara con su trabajo diario ante la irresponsabilidad reiterada de las declaraciones políticas", ha añadido.

Además, CSIF mostró su "profunda preocupación" ante los mensajes en redes que tachan de "incompetente" la actuación de los empleados del SEPE.Críticas de los Graduados Sociales a los retrasos

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández, ha alertado de los retrasos en los abonos de prestaciones a los trabajadores afectados por ERTE, tanto por falta de liquidez, como por los atascos en la tramitación de estos expedientes y ha asegurado que las consultas a sus despachos, por parte de empresas y trabajadores afectados "son incontables".

"Dos meses después del decreto del Estado de Alarma, a cientos de trabajadores les sigue sin llegar el ingreso del SEPE en su cuenta corriente", ha señalado.

Casi 4 millones de trabajadores se han visto afectados por ERTE, pero el Colegio afirma que no se conoce qué porcentaje está pendiente de percibir sus prestaciones. "Estamos desempeñando un papel fundamental entre la Administración y nuestros clientes, que en un 90% son pequeñas y medianas empresas. Pero, a pesar de haber trabajado sin descanso, ahora comprobamos cómo los trabajadores no perciben unas prestaciones que son vitales para sus gastos cotidianos", ha agregado.

"Todos estos problemas vuelven a nuestros despachos, pero no hay más solución que esperar a que se desatasque el enorme embudo existente", ha añadido Fernández, que ve "bandazos" en la gestión de esta crisis, "colapsando los servicios públicos que deben tramitar los ERTE y complicando los reales decretos con formularios y procedimientos que, junto a los problemas telemáticos, provocan el desbordamiento del sistema".