La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) ha asegurado este miércoles que el sector de la construcción será el "principal motor de la economía" en el corto y medio plazo, contribuyendo a la "normalización" de la actividad laboral y de consumo. El sector ha recordado su "capacidad para estimular la economía y generar puestos de trabajo en el corto plazo" e, incluso, de "reciclar en el empleo a trabajadores que procedieran de otros sectores que ahora tienen más problemas para su reactivación".
Por ello, creen "indispensable" la "complicidad" de las Administraciones Públicas, con los ayuntamientos como "dinamizadores" de la actividad local. Los constructores y promotores malagueños no ven suficientes la adopción de medidas puntuales por parte de la Administración, y piden una "apuesta integral", que a su juicio también servirá para "estimular" la inversión privada. Por este motivo, han ofrecido a las administraciones locales un Plan de Acción Municipal para la reactivación de la economía y el empleo a través del sector de la construcción.
El presidente de la ACP, Juan Manuel Rosillo, ha manifestado que son medidas "de fácil implantación", muchas "sin coste alguno para la administración" y otras, cuando la tienen, con una inversión que "se recuperaría con creces, al incrementar la inversión en el municipio y reactivar la actividad económica y el empleo".
El primer bloque de medidas planteadas pasa por la agilización general de trámites administrativos, potenciando la digitalización de la Administración y la extensión de la Declaración Responsable, recientemente puesta en marcha para la primera ocupación, a todos aquellos otros supuestos que sea posible. "Somos un sector profesional y capaz de asumir la responsabilidad de nuestras actuaciones y liberar de carga a los técnicos municipales", ha explicado.
Esa medida, comenta, es "especialmente necesaria" en el caso de las licencias de obra y la tramitación de informes internos vinculados a las licencias urbanísticas. Así, proponen favorecer la tramitación simultánea de la licencia de edificación junto con el resto de los trámites vinculados a la promoción (ocupación de vía pública, grúa, vado, derribos, contadores de obra), así como la obtención de las licencias urbanísticas por fases, que pueda permitir trabajos de derribos, vaciados y movimientos de tierra, mientras que se resuelve la licencia de la edificación.
La ACP Málaga considera, además, "esencial" potenciar la figura de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas como otra fórmula de dar apoyo privado a la Administración, de cara a lograr la necesaria agilización de plazos.
El segundo bloque de propuestas, se centran en incrementar la inversión en infraestructuras en las dotaciones presupuestarias para el año 2021, siempre garantizando el pago en tiempo de las certificaciones.
También hacen mención a la necesidad de contar con pliegos de licitación con criterios de adjudicación "proporcionados, correctamente ponderados y que no alteren ni la naturaleza del contrato, ni el equilibrio económico entre las prestaciones de las partes que lo haga inejecutable". La ACP reclama fijar en los pliegos el "límite de temeridad" de las ofertas en 2,5 unidades porcentuales inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas, porque estiman que ese equilibrio económico "lo marca la concentración de los precios ofertados, es decir la media de las ofertas".
Como tercer bloque, los constructore solicitan la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda de los ciudadanos, mediante la puesta en carga de suelo público (que solicitan se incluya en un catálogo público), y el fomento de la colaboración público-privada para construcción de viviendas asequibles en alquiler y en venta. Con ese mismo objetivo, proponen la creación de líneas de avales públicos para la entrada a la vivienda de personas que, con capacidad de pago, no disponen del ahorro previo necesario.
"No se trata de dar subvenciones, sino de avalar la entrada, que suele estar por debajo del 20% del precio de la vivienda, para facilitar la creación de nuevos hogares", ha detallado Rosillo.
Como último bloque, proponen incentivos fiscales como "marco amable" para la actividad productiva, mediante la exoneración o bonificación durante varios ejercicios fiscales de las tasas e impuestos vinculados a la construcción (ICIO, Tasa de Actuaciones Urbanísticas), o bien permitiendo su prorrateo durante la ejecución de la obra.
De igual forma, se solicita la aprobación de medidas tendentes a atraer inversiones y el establecimiento de empresas en los municipios, mediante la exoneración o bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del IBI aplicable a sede social y delegaciones de las empresas del Sector.
También hacen una mención especial, a la necesidad de apoyar al turismo residencial, ya que genera un 10% del PIB de la provincia, al ser Málaga, tras Alicante, el destino nacional preferido de los extranjeros para implantar su residencia. Sin embargo, los promotores denuncian que competidores cercanos, como Portugal, están poniendoo en marcha incentivos, que no existen en España, por lo que solicitan a los a las administraciones que "estimulen fiscalmente los nuevos empadronamientos".
