El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado un proyecto de Orden Ministerial por el cual se modulará el pago del canon de ocupación y aprovechamiento del Dominio Público Marítimo Terrestre por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por un lado, se prevé la exención del pago de dicho canon a los empresarios de playas durante el cierre total de actividad, y, por otro, la modulación del importe en función de las limitaciones de ocupación durante las distintas fases hacia la nueva normalidad.
Esta medida, según ha indicado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, beneficia a los establecimientos de hostelería, restauración y servicios de temporada, amparados por concesiones o autorizaciones, que desarrollan su actividad en las playas.
Los titulares de las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo terrestre con destino a establecimientos de hostelería y restauración, y de autorizaciones cuyo objeto sea la explotación de servicios de temporada en las playas, no abonarán la parte del canon de los periodos con cese total de la actividad.
En el caso de que la actividad de los establecimientos sea posible pero estén sujetas a restricciones consistentes en la reducción del aforo o en el aumento de las distancias entre sus elementos, los titulares de las concesiones o autorizaciones, previa solicitud al Servicio o Demarcación de Costas, podrán contar con una adaptación porcentual del canon "equivalente al porcentaje de limitación del aforo o al número de elementos que se puedan instalar sobre la superficie de dominio público marítimo terrestre".
"Esta medida supone un nuevo ejemplo de que el Gobierno no va a dejar a nadie en el camino de la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que el Ejecutivo "no está solo junto a la población más vulnerable con medidas como el ingreso mínimo vital, sino que también está del lado del sector empresarial, las pymes y los autónomos".
A juicio del subdelegado, la medida es una "importante noticia para el sector turístico de la provincia de Málaga en general y en particular para los empresarios de playas a los que ayudará a paliar la disminución de los rendimientos de sus negocios mientras duren los efectos de la pandemia".
"Se trata de una medida justa, en tanto se adaptará el cobro del canon al aprovechamiento obtenido", ha añadido. Los interesados deberán solicitar a la correspondiente Demarcación de Costas para que se proceda a la devolución de las cantidades ya abonadas en concepto de canon que resulten contrarias a lo establecido en la orden ministerial.
El Ministerio ha abierto trámite de audiencia hasta el 22 de junio para recabar las aportaciones de personas o entidades afectadas por la norma, así como de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
Información a los ayuntamientos
Asimismo, teniendo en cuenta que en muchos casos son los ayuntamientos los titulares de las concesiones y autorizaciones, que posteriormente adjudican a terceros, se contempla que las corporaciones locales informen a la Administración General del Estado sobre las medidas adicionales que adopten para paliar las posibles mermas en el aprovechamiento, puesto que en muchas ocasiones las tasas impuestas a terceros por los ayuntamientos superan al canon estatal.
En el plazo de 15 días naturales desde la entrada en vigor de la Orden, los ayuntamientos informarán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las medidas que, en su caso, adopten para compensar la merma en los aprovechamientos que para los titulares de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público "supone la vigencia de medidas de cese de actividad, reducción del aforo o aumento de distancias entre los elementos, durante los meses que duren las medidas excepcionales derivadas de la emergencia sanitaria".
