El comité de huelga de los bomberos de Málaga, colectivo que protagoniza un conflicto con el Ayuntamiento desde 2017, anunció ayer que el miércoles se abrió una vía de negociación tras celebrarse la reunión oficial entre ambas partes en todo este tiempo. Al encuentro asistieron el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, el director de Emergencias y otros representantes del Área de Personal para tratar «todos los temas más importantes que afectan a la plantilla». El objetivo, añadieron, es alcanzar un principio de acuerdo satisfactorio con el que se pueda dar «por finalizado un conflicto que se ha prolongado demasiado en el tiempo».

En esta línea se sitúa Barrinuevo, quien reconoció a este diario que los avances en las principales reclamaciones de los trabajadores son evidentes. El concejal destacó el trabajo que se ha hecho hasta ahora en la dotación de equipamiento para el servicio, en la progresiva tasa de reposición de funcionarios o la elaboración del nuevo reglamento interno (el actual es de 1959) que podría estar culminado en otoño. Las otras dos grandes reclamaciones, la reclasificación y la regulación de la jornada de trabajo, también van por buen camino, aunque el concejal recuerda que estos aspectos dependen más de la negociación del acuerdo de funcionarios.

Las partes coinciden en que este encuentro puede ser el principio del fin de un conflicto que estalló definitivamente el 29 de diciembre de 2016. Ese día, un grupo de agentes protagonizó un encierro espontáneo tras imponer unilateralmente la Jefatura del Servicio un calendario laboral sin consultarlo con los sindicatos. El poco interés del Ayuntamiento por acercar posturas llevó al colectivo a declarar el 14 de marzo de 2017 una huelga que a día de hoy sigue vigente. Durante estos años, la tensión entre las partes ha sido evidente en numerosos episodios. Manifestaciones históricas, plenos al rojo vivo con desalojos, mociones que no se han cumplido a pesar de haber contado con el apoyo de la mayoría de los grupos municipales... El cenit, sin embargo, llegó cuando el Ayuntamiento denunció ante la Fiscalía a 60 agentes por entender que no se presentaron a una emergencia. El fiscal y el juez que estudiaron el caso no sólo descartaron las acusaciones de abandono del servicio, desobediencia y denegación de auxilio que planteaba el Consistorio, sino que destacaron las «carencias importantes» que habían detectado en las normas internas que deben regular este tipo situaciones, tal y como habían denunciado previamente los propios bomberos.