La crisis sanitaria derivada de la enfermedad del Covid-19, que lamentablemente se ha saldado en la provincia malagueña con cerca de 300 víctimas mortales, ha generado una recesión económica cuyos efectos se prolongarán durante años. Las administraciones más cercanas a los ciudadanos, ayuntamientos y diputaciones, no han tardado en levantar la voz de alarma para solicitar transferencias urgentes. Pero con sus propios recursos han iniciado aún en pleno confinamiento planes que ya empiezan a dar sus primeros frutos.
A finales del mes de mayo, con un debate plenario casi sin fisuras entre las distintas formaciones, los grupos políticos de la Diputación de Málaga daban luz verde al Plan Málaga, dotado con 233 millones y que incluye una inyección dineraria para los consistorios superior a los 70 millones de euros. El programa nació para «rescatar a familias, ayuntamientos y empresas».
Los gobierno integrado por PP y Cs, junto al PSOE, aprobaron dicha iniciativa y Adelante Málaga se abstuvo. «Poder ayudar a las familias más vulnerables, así como garantizar los servicios púbicos» fueron las líneas maestras de este plan de recuperación, al que se le unen otras partidas locales. La mayoría de los consistorios han agilizado al mismo tiempo modificaciones en sus presupuestos o aprobado nuevas cuantías extraordinarias, basadas en el mismo objetivo.
Cabe recordar que hasta el mes de mayo, organizaciones humanitarias como Cruz Roja habían contribuido a atender a más de 25.000 personas con casi 36.000 intervenciones a lo largo y ancho de la provincia. Ante la mayor crisis sanitaria en un siglo, Málaga rompió en abril la barrera de 190.000 desempleados y todas las medidas puestas en marcha han conseguido, al menos, limitar al máximo los efectos del Covid-19.
El Ayuntamiento de Málaga en estos últimos meses ha impulsado iniciativas para aplazar impuestos y tasas, como una amplia mayoría de administraciones locales, e incluso ha redirigido partidas económicas. Por ejemplo, 170.000 euros de hasta 157 proyectos dotados de subvención municipal, que por la crisis no han podido ejecutarse, se han destinado a familias afectadas por la pandemia. Asimismo ha organizado tres mesas de trabajo específicas para la reactivación económica en el ámbito local.
Iniciativas en grandes municipios
Los ejemplos de esfuerzos por paliar la crisis son numerosos. Como prueba del trabajo desplegado nos fijaremos en algunos de los municipios de mayor población. Vélez-Málaga, entre otras iniciativas, dio luz verde en mayo a una dotación de 500.000 euros del fondo de contingencia municipal, dirigido a la «reactivación económica y la cohesión social ante el Covid-19».
El apoyo unánime de los grupos políticos permitió dotar de 300.000 euros a un plan de adquisición de alimentos y productos de primera necesidad; otros 60.000 para compra de mascarillas para la ciudadanía; y unos 130.000 a muestreo con 1.000 test de detección.
El Consistorio de Mijas aprobó la modificación del presupuesto del presente año, con 12 millones que permiten establecer ayudas directas de emergencia, de entre 3.000 y 6.000 euros, a empresas y autónomos afectados en este municipio costasoleño. Al mismo tiempo se han duplicado las cuentas de Servicios Sociales, hasta llegar a los 1,3 millones, con la intención de costear ayudas de emergencia a familias o para el alquiler.
El Plan Fuengirola sirve también de ejemplo, al haber incluido en su primera etapa, una provisión de fondos de un millón de euros destinados a autónomos. Igualmente, los integrantes del gobierno municipal han cursado una exención del 100% en la tasa para 2020 de Ocupación de la Vía Pública (incluidas sillas y mesas, pero también expositores, mercadillos y quioscos).
El municipio fuengiroleño limita al abono del 50% el IBI de los establecimientos hoteleros o del IAE municipal, a la vez que ha suprimido el pago de un trimestre en el canon de las concesiones municipales o en la tasa Gemer para actividades comerciales que han permanecido cerradas en pleno estado de alarma.
En el Consistorio de Estepona conforman una cuantía dirigida a «inversiones productivas» que generen empleo y «dinamicen la economía local». Para el equipo de gobierno del PP esta financiación «constituye el mayor volumen de inversión pública llevado a cabo en la ciudad».
Entre otras iniciativas se acaban de licitar las obras de siete calles del centro urbano, por un montante de 1,5 millones, o la remodelación del paseo marítimo, con otros 2,5 millones de euros.
