La nueva Ley del Suelo de la comunidad, conocida como Lista (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio), que fusiona la polémica LOUA y la de ordenación del territorio, podría ser aprobada en el primer trimestre de 2021, según ha explicado esta mañana la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, quien ha participado en el seminario virtual 'El sector inmobiliario como instrumento para la recuperación. El rol de la administración', que ha sido moderado por Ignacio Peinado, presidente de Grupo Promotores de la ACP Málaga.

La consejera ha incidido en la necesidad de seguir simplificando norma, ya que los constructores y promotores andaluces han de hacer frente hasta a 245 textos normativos, una maraña a la que contribuye la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que ha sido modificada hasta 11 veces. Ya existe, ha explicado, un anteproyecto sobre la nueva Ley del Suelo o Lista, "una ley de enorme importancia para favorecer el desarrollo de Andalucía". Ha destacado que el futuro texto incorpora la sostenibilidad en su enunciado, "sostenibilidad social, medioambiental y económica". Y ha insistido: "Debemos seguir desenmarañando, simplificando un texto que era complejo, sumando normativa que regula el suelo y el territorio en el mismo texto".

Carazo ha indicado que no era de recibo que se tarden entre nueve y diez años en aprobar un plan general de cualquier municipio andaluz, y es fundamental "para ayudar a la construcción la flexibilidad normativa". Ha considerado que la Junta ha adoptado una actitud "valiente" al elegir el trámite de urgencia para cocinar esta norma, de forma que no se va a tardar dieciocho meses, sino que el nuevo texto estará terminado en diciembre, en enero entrará en el Parlamento para ser aprobado antes de que acabe el primer trimestre de 2020.

Los promotores, por su parte, han pedido que se tengan en cuenta sus alegaciones para hacer un texto más competitivo.

La consejera, por cierto, ha recordado que en la inauguración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo de 2019 los promotores le pidieron la posibilidad de acceder a la licencia de primera ocupación con una declaración responsable, lo que se recogió en el decreto de simplificación normativa. También ha destacado el Plan Vive, consensuado con los empresarios y promotores andaluces, con el fin de ayudar a los jóvenes, a los mayores de 65 años y a los colectivos en riesgo a acceder a viviendas de alquiler, pero en el que también se impulsa la rehabilitación y otros productos residenciales. El presupuesto es de 690 millones de euros en apenas un lustro, lo que permitirá una inversión inducida de 2.500 millones de euros y la creación de más de 56.700 puestos de trabajo directos. Ha pedido, por cierto, al sector que también aporte iniciativas para enriquecer ese plan.