El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga se ha comprometido hoy, a propuesta de la edil socialista Alicia Murillo, a estudiar la implantación de un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pagan las viviendas desocupadas que están en manos de grandes tenedores, en su mayoría empresas o fondos de inversión que especulan con este tipo de casas. La idea es que salgan al mercado la mayor parte de estos pisos y contribuyan, en lo posible, a una reducción de los precios del alquiler. La moción del PSOE, con una enmienda del PP, ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.
Según ha defendido Alicia Murillo en su intervención en la Comisión de Pleno de Economía celebrada esta mañana, en junio de 2018 el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV9, en el 'Mapa de la Vivienda Deshabitada del Término Municipal de Málaga', contabilizaba 274.000 viviendas familiares existentes en la ciudad, de las que 11.000 se identificaron como deshabitadas. Asimismo, ha explicado que la pandemia del coronavirus ha puesto mucho más difícil a los malagueños acceder a las VPO. No en vano, hay 19.000 demandantes en el registro de casas públicas, a las que hay que sumar otras 1.900 familias que tienen riesgo de exclusión social (listadas en el Comité FRES).
Recuerda Murillo que ayuntamientos como el de Sevilla, Barcelona, Bilbao o Valencia contemplan en sus ordenanzas fiscales del IBI la posibilidad de aplicar un recargo de hasta el 50% de la cuota del impuesto para los inmuebles de uso residencial que estén permanentemente desocupados, ha destacado que el precio de la vivienda en la capital de la Costa del Sol ha crecido un 33% desde 2015 y ha recordado que la Ley de Haciendas Locales permite tomar una medida de esta naturaleza, que la Ley autonómica de la Función Social de la Vivienda permite declarar deshabitada una vivienda e incluirla en un registro para aplicar el posterior recargo fiscal, y que el real decreto 11/2020 define como gran tenedor "a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados".
El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha destacado que la presión fiscal en la capital es muy baja, sobre todo en relación al IBI, ha destacado que el Ayuntamiento ha construido más de 5.200 viviendas en 20 años frente a 40 de la Junta de Andalucía en el mismo periodo y ha destacado que mucha gente "quiere venir a vivir y trabajar en Málaga" por su calidad de vida y, aunque se ha mostrado a favor de estudiar la medida, ha recordado que los consistorios que han iniciado este camino se están encontrando con muchas dificultades en relación a la definición de qué es una vivienda desocupada (no alquilada o por la que no se hayan pagado recibos de suministros energéticos en un determinado periodo de tiempo) y también en cuanto a qué se considera un gran tenedor. Además, Gestrisam necesitaría más medios humanos y materiales para controlar estos recibos, pero finalmente ha desvelado que es intención del Consistorio explorar este camino, estudiando la viabilidad de la medida y también, y ahí iba la enmienda, la experiencia de otras ciudades en este camino, "sin duda una experiencia válida para ser estudiada y ver en qué puede mejorarse".
Nicolás Sguiglia, edil de Adelante Málaga, ha pedido al Ayuntamiento un papel más "protagónico" en regular los precios del alquiler, "con un aumento exponencial en la capital" muy descolgado de los salarios de la población, además de destacar que los grandes tenedores son, en su mayor parte, "fondos buitre". También se ha mostrado a favor de la medida Cs.
