La Diputación de Málaga destinará este año 2,8 millones de euros para sufragar parte del coste de las obras acogidas en la provincia al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La institución provincial, junto al resto de diputaciones andaluzas, ha firmado hoy un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la financiación del coste de los materiales de los proyectos de obras y servicios que se incluyan en ese programa.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han rubricado hoy en Granada el acuerdo entre ambas partes. Para subvencionar los materiales, ambas administraciones invertirán en la provincia de Málaga 8.008.561,13 euros, de los que el 75% (6.006.420,85 euros) los aportará la Junta y el 25% restante (2.002.140,28 euros), la Diputación, a la que institución provincial suma una aportación voluntaria de otros 801.615,09 euros para ayudar a los municipios a sufragar los proyectos, por lo que la aportación total de la Diputación de Málaga ascenderá a 2.803.755,37 euros.

Francisco Salado ha destacado que este programa es de gran importancia para contribuir al sostenimiento del empleo, especialmente en los municipios del interior, pues es una de las herramientas más importantes para luchar contra la despoblación rural, favoreciendo la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores agrarios. En la provincia de Málaga, aún no se ha concretado el número total de proyectos acogidos al PFEA, aunque cada año rondan las 300 actuaciones dentro de este programa de empleo.

La Diputación asume la coordinación y gestión del programa en los municipios malagueños, encargándose de la redacción de un centenar de proyectos para los pueblos y de la justificación final de los mismos. Igualmente, la institución provincial subvenciona la adquisición de materiales para realizar las obras junto con la Junta de Andalucía, mientras que el SEPE subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales y los ayuntamientos se hacen cargo de otros costes de los proyectos