Verano. Esa temporada tan esperada. Tres meses que todos desean que llegue con ansia. Vacaciones, playa, fiestas; abrir y cerrar discotecas o bailar hasta que salga el sol son solo algunos de los planes que este año se han visto trastocados. La pandemia a la que se enfrenta el mundo ha obligado a extremar la precaución y a estar más alerta que nunca. Que se lo digan a la Policía Local de Málaga. Desde que terminó el estado de alarma, los agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de este cuerpo han evitado una decena de fiestas ilegales que, además, incumplían las medidas de seguridad contra la Covid-19.
En un destino turístico como Málaga, la atención recae especialmente en el ocio nocturno. Bares, restaurantes, discotecas, fincas, e incluso espacios públicos como playas podrían convertirse en focos de contagio e incrementar los rebrotes que se están dando en el país.
Evitar que esto se llegue a producir es una labor preventiva realizada por el GIP, cuya herramienta más destacada es la tecnología: «Lo que hacemos fundamentalmente es rastrear las redes sociales y detectar aquellas convocatorias que pueden causar problemas», explica el oficial Juan Ríos.
El agente detalla que hay dos tipos de fiestas: las celebradas en locales que ya cuentan con una licencia de apertura (restaurantes, discotecas, entre otros) y las realizadas en establecimientos que no tienen ningún permiso. Estas últimas son las que más les inquietan, porque en estos casos se desconoce el aforo y no es posible controlarlo. «Nos preocupa especialmente cuando mucha gente contesta a la convocatoria a través de las redes, porque así ya intuimos que puede haber una aglomeración importante», resalta Ríos.
Ejemplo de ello es el evento denominado 'Beach Party', difundido viralmente a través de una aplicación de mensajería, que invitaba a todo el que quisiera a pasar el día y la noche en la playa del Peñón del Cuervo con música; juegos de pelota, prohibidos actualmente con motivo de la pandemia por Covid-19; y actividades en el agua, además de bebidas, todo ello por un precio de cinco euros por participante.
La fiesta estaba prevista para el sábado 18 de julio y, debido a la imposibilidad de localizar a ningún responsable de la misma, se estableció un dispositivo de vigilancia en el que participaron unidades tanto del Grupo de Investigación y Protección como del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga. «¿Cuántas personas se podrían presentar en una playa? Advertimos el peligro e hicimos una vigilancia desde la primera hora de la mañana. Cuando descargaban el equipo de música y botellas de alcohol, intervenimos de forma cautelar y se impidió esa celebración», relata Juan Ríos.
Algunos eventos son tan estridentes como el de la playa del Peñón del Cuervo por lo que son anulados con rapidez, pero otros intentan pasar desapercibidos, incluso camuflándose como una 'quedada'. Es el caso de una convocatoria festiva con una duración de tres días (del 25 al 28 de julio) en una finca situada en la avenida de San Isidro, y con distintos precios de entradas en función al tiempo de permanencia en la misma.
Cuando los policías se pusieron en contacto con el promotor, este manifestó que se trataba de una 'fiesta privada' de unas 80 personas. «Han querido enmascararlo como una reunión de un grupo de amigos, pero lo han publicitado por las redes sociales, han contratado a un DJ y han cobrado entrada», especifica el oficial Ríos.
Hasta el momento, la labor del GIP ha logrado evitar una decena de fiestas ilegales que carecían de autorización, no cumplían las medidas de seguridad y esperaban reunir, entre todas, a unas 1.500 personas. Juan Ríos destaca que han impedido eventos multitudinarios potencialmente peligrosos para la salud de la ciudadanía, dadas las circunstancias actuales: «No se ha llevado a cabo ni una fiesta que no hayamos podido controlar».
Labor de prevención
Para celebrar un evento en tiempos de coronavirus, hay que contar con unos requisitos. Algunos de ellos son poseer las autorizaciones pertinentes, establecer los correspondientes servicios de admisión y vigilancia, y cumplir las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la Covid-19.
«Al solicitar el permiso para celebrar una fiesta, se analiza el local para ver si es adecuado o no, se piden motivos de seguridad, y que haya un servicio de control de accesos», detalla Ríos, quien resalta la importancia del cumplimiento de estas condiciones especialmente ahora ante la pandemia de coronavirus.
Ante las circinstancias actuales, Juan Ríos narra como el Grupo de Investigación y Protección lleva a cabo su labor: «Actuamos principalmente identificando al organizador de la actividad. Entablamos una entrevista con él y le hacemos partícipe de toda la documentación sobre las normas que tiene que cumplir. Cuando hacemos a esos promotores conscientes del riesgo que conlleva esa celebración, normalmente se anula».
Desde el GIP intentan anticiparse al peligro para que todos puedan seguir disfrutando, pero con seguridad. Aquel viejo refrán «más vale prevenir que curar» nunca había hecho tanto sentido como ahora que el mal anda suelto y es invisible.
