El PSOE denuncia que los test antidroga de la Policía Local están caducados

De esta forma, Trujillo ha criticado "la dejación de funciones por parte del equipo de gobierno local, que permite marchar a los conductores a quienes los policías dan el alto porque no hay forma de que se pueda comprobar si han cometido alguna infracción al conducir supuestamente bajo el influjo de alguna droga". Según el socialista, el modus operandi es el siguiente: "los agentes dan el alto a aquellas personas que consideran que deberían hacerse la prueba para detectar el consumo de drogas". Acto seguido, el sujeto es acompañado a la jefatura de Policía Local, bien conduciendo su coche que es escoltado por la patrulla en caso de que preste colaboración, o detenido si ofrece resistencia. Una vez en Jefatura, se inicia el procedimiento del test, "que no vale para nada, es un mero trámite, puesto que al estar caducado la prueba no es determinante", ha reclamado Trujillo.

El contrato firmado entre Ayuntamiento y la empresa suministradora de los test para detectar el consumo de drogas consiste en un sistema destinado para los agentes de la Policía Local. "Estos equipos permiten detectar en los conductores el consumo sustancias estupefacientes o psicotrópicas como THC cannabis, cocaína, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas", ha explicado la concejala socialista Carmen Martín. El equipo suministrado está compuesto por analizadores de drogas DDS2, kits de pruebas, colectores para para los analizadores DDS2 y bolígrafos linterna que se usan para medir la pupila.

Respuesta del equipo de gobierno

El Área de Seguridad del equipo de gobierno de Málaga ha sido contundente en su respuesta a la denuncia que, por cierto, hace el PSOE, no este periódico. Así, dice el equipo de gobierno que "no se ajusta a la realidad" la afirmación del concejal socialista de que "no se realizan pruebas de consumo de estupefacientes en carretera desde hace meses porque están pasadas de fecha, luego son ineficaces, y porque el Ayuntamiento de Málaga no abona la factura a los laboratorios que la analizan".

"Dicha información no se ajusta a la realidad ya que, desde el pasado mes de enero hasta el día de la fecha, se han realizado un total de 33 pruebas de detección de sustancias estupefacientes, 6 en enero, 19 en febrero, 1 en marzo, 1 en abril, 2 en junio y 4 en el mes de julio. El descenso en la realización de pruebas a partir del mes de marzo no es debido a las razones expuestas, sino a que, con motivo de la declaración del estado de alarma, se suprimieron los controles estáticos de detección de alcohol y drogas por motivos obvios de seguridad en evitación de posibles contagios por COVID-19, a lo que habría que sumar el descenso del número de vehículos que han circulado por las vías del municipio, como consecuencia de que la gran mayoría de los conductores se encontraban confinados en sus domicilios".

Añade el Área de Seguridad que "todas las pruebas de detección de sustancias estupefacientes se han realizado con el analizador de la marca ALERE, modelo DDS2, el cual no permite realizar las pruebas si detecta que el kit que se introduce se encuentra caducado y que, a este respecto, los kits que se encontraban en estas dependencias no caducaron hasta finales del pasado mes de junio, en total 18 de ellos, que fueron devueltos al almacén y han sido repuestos, disponiéndose actualmente de 50 de estos kits analizadores, los cuales no caducan hasta noviembre de 2021. Así mismo indican que estas pruebas al estar fuera de fecha no son eficaces, debiéndose reseñar que, además de haberse realizado todas las pruebas dentro de la fecha, la eficacia de la prueba queda constatada por el posterior análisis en laboratorio".

En relación al contrato con los laboratorios a los que se remiten las pruebas realizadas para su posterior análisis, agrega en su contestación el equipo de gobierno, "hasta el mes de julio ha estado en vigor contrato con los laboratorios Synlab Barcelona, y a partir del mes de agosto dicho contrato ha sido renovado con el Servicio de Toxicología Forense, Instituto Universitario de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, por lo que no es cierto lo expuesto de que no se abonan las facturas a los laboratorios". "No ha quedado, por tanto, ni un solo día descubierto este servicio de contraste científico, por lo que no es correcta la afirmación de que no se abonan las facturas a los laboratorios, habiéndose producido el cambio por razones de elección de la oferta más adecuada en aplicación de la vigente ley de contratos de la Administración Pública".

"Otra de las cuestiones que habría que aclararle al PSOE es que dentro de nuestro protocolo, por motivos evidentes, no se contempla que a un conductor con síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes se le permita conducir su propio vehículo hasta nuestras dependencias para la realización de la prueba", afirma el Área de Seguridad.

"Significar, dentro del estricto protocolo de actuación policial, que por motivos evidentes, en ningún caso, se contempla la posibilidad de que a un conductor con síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes, se le permita conducir su propio vehículo hasta las dependencias policiales para la realización de la prueba, estando protocolizado, para este supuesto, el traslado en patrulla policial y la inmovilización del vehículo que condujera la persona si no existe una tercera, que sin síntomas, con permiso de conducir en vigor y autorización del propietario, pudiera hacerse cargo del mismo", ha indicado el equipo de gobierno.

Asimismo, todos los cuerpos de seguridad encargados de la vigilancia del tráfico están a la espera, dice el equipo de gobierno, de que la DGT establezca y "traslade un ya anunciado protocolo de actuación preventivo de contagios".