09 de agosto de 2020
09.08.2020
La Opinión de Málaga
Ayuntamientos

Guerra por los ahorros

La batalla por la liberación de los remanentes económicos de los ayuntamientos por parte del Gobierno central no ha hecho nada más que comenzar, como atestiguan los testimonios de los regidores de los doce municipios malagueños más poblados

09.08.2020 | 05:00
El presidente de la Diputación, Francisco Salado (PP).

Un montante de más de 14.000 millones de euros

  • La propuesta del Ministerio de Hacienda permitirá que el Gobierno central gestione para luchar contra la actual crisis sanitaria y económica más de 14.000 millones de euros procedentes de las arcas municipales. Ayuntamientos malagueños como Fuengirola o Marbella se han apresurado a indicar que saldrán de sus ahorros, respectivamente, 74 y 36 millones de euros. El pulso entre el PSOE y representantes de hasta nueve partidos diferentes alude a la conveniencia o no de que ese montante se devuelva de manera progresiva durante la próxima década. Hacienda remarca que los remanentes se devolverán al 100% y que ya este año se transferirán 2.000 a los municipios que participen de esta iniciativa, además de otros 3.000, en 2021. Asimismo se alega que en el marco normativo en vigor, aprobado por el Partido Popular con Montoro como ministro, no cabe otra opción para utilizar esos ahorros.

­El PSOE se quedó solo el pasado lunes 3 en la votación de la Federación Española de Municipios y Provincias que daba luz verde, en primera instancia, a la liberación por parte del Gobierno central de los remanentes económicos consistoriales. Aunque la medida parte de la crisis actual y revertirá en las arcas locales una primera parte de esos ahorros, hasta 5.000 millones, munícipes de hasta nueve partidos políticos diferentes consensuaban este viernes un acuerdo para que Hacienda no logre su propósito. En la provincia de Málaga, la mayoría de los alcaldes ya se ha mostrado en contra.

Hay distintos aspectos que van a seguir en el debate incluso cuando se alcance la preceptiva votación parlamentaria. Por ejemplo, el principio de la autonomía municipal al que apelan muchos algunos de los regidores de los grandes municipios malagueños consultados. Pero también se ponen reparos a que esos 5.000 millones iniciales que se repartirán en 2020 (2.000) y 2021 (3.000 más) se trasferirán únicamente a las arcas con liquidez, las únicas con remanentes y que menos ayuda necesitan.

No se comprende, por ejemplo, que el resto de los ahorros que va a gestionar el Gobierno central, el montante que no devolverá en las dos próximas anualidades (retornarán a los consistorios entre los años 2022 y 2031), no puedan revertirse en las arcas más deficitarias o azotadas por la crisis actual. Así se recuerda que la dependencia del turismo en la Costa del Sol podría figurar de cara a esa medida de urgencia.

La guerra abierta mantiene enfrentados a los dos grandes partidos en una primera línea. Así, debido a que la aprobación por parte de la asociación federal de municipios de la propuesta ministerial logró salir adelante por el voto de calidad del alcalde socialista de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, el presidente de la Diputación de Málaga y homólogo suyo en la localidad de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), no tardó en pedir su dimisión.

Ese voto de Caballero rompía el empate que marcaban los 12 respaldos de otros tantos dirigentes del PSOE frente a los 12 de Partido Popular, Cs y Junts per Catalunya (el Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns se abstuvo). Para Salado, el alcalde de la ciudad de Vigo había «traicionado a los alcaldes y a todos los ciudadanos de España. Mintió además a los presidentes de las diputaciones en la pasada comisión, donde prometió que no permitiría que el Gobierno se incautara de los remanentes».

«Caballero no nos representa, no me representa, y debe dimitir. Ha dinamitado la credibilidad de la FEMP y la ha entregado al PSOE rompiendo el consenso histórico que ha imperado en la misma», ha denunciado el presidente de la Diputación de Málaga. Para el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), lo ocurrido en el seno del organismo supramunicipal fue «un despropósito intolerable y crea en España, de un plumazo, ayuntamientos de primera y de segunda».

Para el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), Caballero es un «auténtico traidor al municipalismo, artífice de un atraco que castiga a la ciudadanía. Se ha consumado lo que temíamos, el timo con el que el Gobierno requisa lo que hemos ahorrado», relata.


Testimonios de otros regidores


Previamente, el regidor de Antequera, Manolo Barón (PP), había tomado la palabra en la Tribuna de Alcaldes de la Diputación para calificar de «fraude a la autonomía local» la pretensión ministerial. Incluso dudó de la «constitucionalidad de esta medida, porque choca frontalmente con la financiación de los ayuntamientos para hacer frente a sus gastos».

La alcaldesa rondeña, Mari Paz Fernández (PP), se mostró de la misma forma «absolutamente de acuerdo» con sus compañeros de formación, porque se ha planteado un robo a los ayuntamientos», aseguró. Y en términos parecidos se expresó su homóloga en Fuengirola, Ana Mula (PP): «Se ha consumado un atraco a los municipios. Es una utilización absolutamente fraudulenta de la normativa en vigor». Y recordó que en las arcas fuengiroleñas hay más de 74 millones de remanente positivo.

Marbella también presenta un ahorro de 36 millones, de manera que para su regidora, Ángeles Muñoz, se trata de una cuantía «muy necesaria para hacer frente a la difícil situación generada por la crisis actual. La decisión minoritaria en la FEMP supone un chantaje y un mazazo a la autonomía local».

García Urbano, el regidor esteponero, fue incluso más allá cuando el día 5 salió en el BOE la regulación de los fondos y apuntó: «El PSOE nos ha engañado a todos. Pedro Sánchez no nos devolverá los ahorros incautados a los ayuntamientos en diez años, como habían dicho. ¡Será en quince!». Menos explícito, sobre la mayor parte de sus compañeros de formación, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, espetó que sin conocer «a fondo» la propuesta exacta recién aprobada: «Echo de menos más sensibilidad desde el ámbito del Gobierno central hacia los ayuntamientos. Se ha perdido una cierta oportunidad de avanzar en la democracia más sólida todavía».

La réplica a estas manifestaciones la pone la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima: «Es completamente falso que el Estado se quede con fondos de los consistorios. Es más, la Administración central se financia sin problemas, a tipos negativos y no necesita los remanentes locales de Tesorería. Estamos convencidos de que el mensaje populista y de engaño que está lanzando el PP no es compartido por los alcaldes de esta formación», alegó.

Así recordó que es la normativa en vigor, «puesta en marcha por el PP en 2012, la que en la actualidad impide a los consistorios el uso de los remanentes de Tesorería, tal y como saben todos los alcaldes, incluidos los del PP. Si no se hubiese alcanzado este acuerdo y pretendieran utilizar este superávit, estarían vulnerando la Ley de Estabilidad y la propia Constitución que establece que las corporaciones locales deben tener equilibrio presupuestario e incrementaría la regla de gasto».

Sobre tal aspecto ha puesto el acento el alcalde socialista de Torremolinos, José Ortiz: «Ojalá que en nuestro municipio estuviésemos en la situación de ayudar, de hacer fuerza entre todos para levantar nuestro país, pues arrastramos una deuda inmensa. De esta forma estamos frente a una buena noticia, porque en nuestra ciudad necesitamos de un impulso al estar afectados por la no llegada de turistas este año, siendo la principal industria del municipio».

El también regidor del PSOE en Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, defendió a Abel Caballero y a su capacidad de diálogo: «Los alcaldes del PP lo que tienen que hacer es arrimar el hombro y permitir la modificación de la legislación impulsada por Montoro y que acabó con la autonomía municipal». Y su compañero de partido y alcalde mijeño, Josele González, recuerda que el PP «no preguntó hace siete años» a los ayuntamientos sobre esa ley en vigor.

Entre los alcaldes socialistas de los grandes municipios de la provincia, el de Benalmádena, Víctor Navas, también apela a «la solidaridad» entre las administraciones y considera demagógico el robo al que aluden los dirigentes del PP.

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