Los 97 jueces y magistrados de la capital, es decir, todos aquellos togados que dirigen órganos unipersonales (lo que excluye a las salas civiles y penales de la Audiencia Provincial) suspendieron, por causa de fuerza mayor, casi 14.000 juicios durante los tres meses que duró el confinamiento en los hogares de cientos de miles de residentes en el partido judicial de Málaga capital debido al estado de alarma, derivado, a su vez, de la pandemia del coronavirus, según los datos recopilados por el juez decano, José María Páez, quien reseñó estas cifras por escrito en un informe efectuado el 24 de junio de este año.
Así, explica en ese informe, «el número de señalamientos suspendidos durante el periodo de pandemia ha sido muy elevado pues prácticamente la totalidad de los señalamientos fueron aplazados en la totalidad de las jurisdicciones, a excepción de aquellos relativos a los procedimientos denominados esenciales», es decir, causas con preso, medidas cautelares o asuntos de fuerza mayor, actos judiciales que han seguido celebrándose precisamente al estar incardinados en los servicios mínimos irrenunciables de la Administración de Justicia.
En este sentido, el problema principal es que esos casi 14.000 juicios, en concreto 13.811, no se han celebrado y tienen que celebrarse, hay que buscarles fecha, tarea en la que ya andan en los juzgados y en el Decanato, pero muchos de ellos no podrán llevarse a cabo a partir del 1 de septiembre, sino que cada juzgado deberá buscarle acomodo en su agenda de señalamientos y esas agendas reflejan, de hecho, los déficits estructurales que arrastraba este servicio público antes de que el Covid-19 llegara a nuestras vidas: prácticamente todos los órganos de las diversas jurisidicciones superaban el módulo de asuntos (carga de trabajo) aconsejada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir, llueve sobre mojado de forma que a una Justicia local ya al borde del colapso se une ahora una bolsa, una masa de 14.000 juicios que deben celebrarse en algún momento de los próximos años y, por tanto, van a sufrir un retraso considerable, con la consiguiente pérdida de calidad en la Justicia, porque ya conocen el viejo refrán jurídico: cuando la justicia llega tarde deja de haber justicia.
Esta situación, dice el juez decano, como a cualquier administración pública, a la Justicia «le ha supuesto un duro golpe», porque a esos 13.811 juicios hay que sumar todos los asuntos, miles de ellos, que no han entrado a los juzgados y que también se han retrasado. «Hay que volver a señalar todos esos asuntos, a reprogramar toda la agenda, y a todo lo nuevo pues lógicamente hay que darle fecha; inevitablemente, con los medios que contamos, esto va a suponer un retraso en todas las jurisdicciones, habrá algunas más afectadas que otras pero, en general, va a ser en todas las jurisdicciones», dice.
¿Están desbordados? El juez decano contesta a esta pregunta que sí, porque recuerda, además, que a esos 13.811 juicios no celebrados, a los nuevos asuntos que van a entrar en el circuito judicial, que estaban preparados para hacerlo y no lo habían hecho entre marzo y junio, hay que sumar que muchos asuntos se dispararán por la crisis económica, ya depresión, que, como ocurrió entre 2008 y 2013, hará crecer mucho según qué tipo de expedientes. Por ejemplo, sin ánimo de equivocarnos, se puede decir que va a haber muchas más suspensiones de pagos y procedimientos mercantiles, desahucios o lanzamientos hipotecarios, reclamaciones de cantidad o modificaciones de medidas entre parejas separadas al sufrir uno de los cónyuges una merma en los ingresos; más procedimientos por despidos improcedentes y también se dispararán determinados tipos de delitos (en todas las crisis crecen los robos de diferente naturaleza penológica). Y eso acaba encima de la mesa de un juez que, habitualmente, está ya trabajando al doble de su capacidad, porque si hay una cifra que repite el juez decano desde hace años es que a la capital le faltan 30 magistrados.
Por jurisdicciones, en Civil se suspendieron 3.840 juicios; en Mercantil, 176 juicios y 11 juntas de acreedores; en Social, la jurisdicción laboral, se suspendieron 4.550 juicios, mientras que en Penal se sitúa la cifra de plenarios aplazados en 3.360. En Contencioso-Administrativo se suspendieron 980 juicios, mientras que en Menores el número se sitúa en 144. En Instrucción, se han suspendido en torno a 750 delitos leves, «sin contabilizar los que no llegaron a señalarse por la policía». Es decir, la cifra podría ser mucho mayor. En los juicios rápidos por delito, por ejemplo, la agenda va ya por 2022.
«Debemos señalar que, desde la primera suspensión, se ha venido trabajando en reprogramar toda la agenda de señalamientos y así se ha venido haciendo, señalando a partir del último señalamiento realizado en cada jurisdicción siendo muy variable los plazos de espera hasta la celebración de los nuevos juicios, haciendo un gran esfuerzo de coordinación entre todos dado que el número de salas de vista disponibles (35) no es proporcional al número de órganos judiciales y existiendo además coincidencia de señalamientos», reflexiona el juez decano.
