José María Páez, juez decano de la capital, no tiene pelos en la lengua. Nunca los tuvo. Le ha cantado las cuarenta a gobiernos centrales y autonómicos independientemente de qué partido liderara esos ejecutivos. Magistrado por vocación y pasión, está cansado de pedir más medios humanos y materiales, más inversión, en definitiva, para la Justicia local, para la que también quiere, de una vez, una revolución informática. En esta entrevista, repasa la inmediata avalancha de casos a la que se enfrentan los jueces debido al confinamiento y la inminente depresión económica y también hace autocrítica. Por cierto, es candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Si hiciéramos ahora una radiografía de la Justicia local, ¿qué diagnóstico obtendríamos?

La situación ahora mismo está en volver a poner en marcha todos los sistemas, el objetivo es que la Justicia funcione al menos como estaba funcionando con anterioridad, con todas las dificultades y todos los problemas que ya teníamos y lógicamente esto, como a cualquier sector, tanto privado como de la Administración, le ha supuesto un duro golpe, porque interrumpir la actividad durante unos cuantos meses significa que todo lo que estaba previsto hacer en estos meses, no se ha podido hacer y todos los asuntos nuevos que se iban a presentar en esos meses tampoco se han podido presentar, luego ahora es la reanudación, llevamos un mes y pico desde junio, pues todos esos asuntos hay que volver a señalar, a reprogramar toda la agenda, y todo lo nuevo pues lógicamente también hay que darle fecha, inevitablemente, con los medios con los que contamos, esto va a suponer un retraso en todas las jurisdicciones, habrá algunas más afectadas que otras, pero en general va a ser en todas las jurisdicciones.

¿Están desbordados?

Absolutamente, ahora estamos en el trabajo de la reprogramación, pero si se produce lo que se prevé, que será un aumento de la crisis, y todo lo que lleva eso consigo, en todos los órdenes jurisdiccionales, este desborde se va a ver ampliado con un aumento de asuntos, y ya veremos cómo le hacemos frente, porque claro, los planes que se han ido diseñando, las medidas de choque, no han contado con nuestra opinión y no se ajustan a las necesidades reales que nosotros tenemos, entonces no van a ser útiles para poder poner esto en marcha y mucho menos al día.

¿Qué necesitaría la Justicia malagueña para hacer frente a esa avalancha?

Bueno, nosotros tenemos un amplio déficit estructural, que es el que venimos señalando desde hace años, desde que yo me hice cargo del Decanato, desde luego; un amplio déficit estructural que se basa en la falta de órganos judiciales, de magistrados, en el partido judicial de Málaga, muy importante. Todos los juzgados están sobrecargados ya de por sí y a este déficit estructural pues se une el aumento considerable de esta nueva pandemia. Ya digo que la situación es preocupante. Hemos terminado 2019 con unos números muy importantes a nivel andaluz y nacional, y ahora nos encontramos con que hay previstos unos autorrefuerzos: para que nos entendamos, es la proposición de hacer más horas extraordinarias, cosa que es prácticamente imposible, de hecho ninguno de los jueces de aquí lo ha pedido. Autorrefuerzo significa que tú en tu propio juzgado tienes que señalar más juicios y poner más sentencias. En estos juzgados de Málaga en los que la actividad puede estar al 150% o 200 y pico %; tenemos unos módulos, de forma que el trabajo que nosotros hacemos se traduce en una serie de horas, si el trabajo para un trabajador normal es de ocho horas, pues lógicamente eso sería el 100% de nuestra actividad. Pero claro aquí se sobrepasa con creces esas ocho horas de trabajo. El trabajo del juez no termina cuando acaba el juicio, como mucha gente piensa. El juicio ha terminado, esa es una parte del trabajo, después empieza otra parte porque hay que redactar la sentencia. Lo que no se puede hacer, si estamos haciendo 14 o 15 horas al día, pretender que hagamos 22, porque también hay que dormir y comer.

¿No se habla de refuerzos, de más jueces?

Nosotros lo que esperábamos es que se hubieran establecido refuerzos externos, que es personal que se contrata para que venga a echar una mano, eso no se ha contemplado para Málaga y entendemos que la solución de los autorrefuerzos aquí es inviable. Por el volumen que ya manejamos. La perspectiva es ciertamente preocupante, ¿y cuál va a ser la solución? La solución va a ser que no lo vamos a poder poner ahora e irá a la cola de lo que está previsto. El cálculo, con la información que me facilitaron los compañeros: en la jurisdicción Social se suspendieron 4.550 juicios, en la Penal 3.360, en la Contenciosa 980... Esto afecta a cantidad de gente, porque un juicio afecta a muchas personas, no sólo a una. Y ahora hay que celebrarlo algún día, ¿cuándo? Ya no se va a poder, porque a partir del 1 de septiembre ya teníamos previsto señalar juicios ahí, luego estos tienen que ir, si no hay nuevo personal, a la cola de lo que ya está señalado. Aquí tengo el calendario de Penal, los juicios rápidos para 2022, lo tengo que aprobar en Junta de Jueces y debe aprobarlo el TSJA, porque estos son los juicios que están previstos celebrar en esa fecha. El retraso va a ir donde haya hueco. Esa es la situación. Cuando se pueda, lo antes posible. También nos encontramos el problema de que tengo 35 salas para celebrar juicios, porque de los dos juzgados que se van a crear, uno ha sido a costa de eliminar dos salas para poder meterlo en un sótano. Tengo muy pocas salas, tengo 97 jueces que quieren una sala y lógicamente no tengo salas para darles tampoco. ¿Cuál es la consecuencia? Un retraso inevitable.

Eso contando con que ya faltaban en torno a 30 jueces en la capital...

Efectivamente, ese es el déficit estructural.

¿Se han sentido protegidos durante la pandemia?

La verdad es que también nos hemos hecho cargo de la situación. Esto ha seguido funcionando con los servicios mínimos esenciales, pero todos reducidos: el Juzgado de Guardia, un asunto de presos o de especial complejidad, en alguna jurisdicción las medidas cautelares. Ese tipo de cosas han continuado. Pero nos ha pasado como a todo el país, pues si no había mascarillas para los sanitarios evidentemente no iba a haber para aquí. Las pantallas de metacrilato, todo eso ha tardado en llegar y se ha hecho lo que se ha podido.

¿Ahora sí llegan? ¿Qué se ha hecho en las salas?

Poner pantallas. En otras hay más mamparas. Pedíamos protección de mamparas para todos los sitios. La semana pasada se pusieron las del Juzgado de Guardia, que no tenía, poco a poco, lentamente, se van poniendo. La Junta dice que los proveedores les sirven cuando tienen, pero que todo eso está en marcha. Hemos ido acomodando la actividad a todo ese tipo de cuestiones.

¿Han funcionado los juicios por videconferencia?

No han funcionado bien, se hizo uno de lo Penal, pero no salió. Y lo que se ha hecho son algunas comparecencias, algunas cosas que no son juicios como tal. Dependiendo del número de personas. Pero claro los servicios informáticos no están todavía a la altura de celebrar todo este tipo de cuestiones con plenas garantías, entonces ese es el verdadero problema que tenemos. Incluso ahora nos llegan noticias de que se va a suprimir, en todas las provincias, un funcionario de Informática; y de aquí dos, nos preocupa mucho. Ahora se está intentando poner en marcha todo el sistema informático precisamente a raíz de esta pandemia, porque ha surgido el tema del teletrabajo, los sistemas que se están empleando muchas veces no son adecuados, pues por muchas razones, porque son baratos, no se paga la licencia, no se pueden instalar, tenemos dificultades para ver los procedimientos por aquí, cuando te metes a distancia porque la comunicación desde casa con el ordenador de aquí se hace por ISL, que no es la vía más adecuada, porque tampoco es adecuada la resolución de los iconos para trabajar. Esas cuestiones hay que tomárselas en serio, precisan una inversión importante y no se está invirtiendo en la medida que eso lo necesita. Si queremos implantar la informática de verdad tenemos que tener personal que haga formación, que explique las cosas, que haga soporte, que si tienes problemas no tengas que llamar a Sevilla y nombren una incidencia y venga un informático cuando… El problema es que eso tiene que estar solucionado al momento.

Si agilizáramos la Justicia, podrían inyectarse, por ejemplo, los 200 millones de euros que hay retenidos en la cuentas judiciales de la capital...

Efectivamente. Eso nos priva de agilidad. Todo esto que comentamos se traduce en una falta de agilidad y eso ¿qué conlleva? Pues un aspecto económico, los 200 millones de euros que hay en la cuenta de depósitos y consignaciones, que es un dinero que no se puede tocar. No se puede usar. Eso repercute en muchas cosas. Imagínese que usted está pendiente una obra, que se la han paralizado y ha pagado una fianza, ese dinero está ahí, la obra no se hace, los trabajadores no pueden trabajar en la obra, usted no puede hacer la obra para venderla, que el dinero circule. El mal funcionamiento de la Justicia tiene un impacto muy importante en la economía y en la vida diaria de las personas. Yo suelo decir que la Justicia es el coche viejo que hemos tenido o tenemos todos. Cuando llega un momento el coche ha perdido el valor de mercado, y tiene el valor venal, no te dan un duro por él. Ese coche no lo vendes porque te hace un servicio. Vas al supermercado, si tienes que ir al Rincón te llegas, a Fuengirola, no lo vendes, ya no alquilas ningún garaje, lo dejas en la calle porque tiene cuatro arañazos y cuatro bollos, de pronto haces así y el aire acondicionado no funciona, y piensas ‘¿ahora me voy a gastar 1.000 euros? Paso’. Cuando llegan días como los de ayer (ola de calor), le das al botón del aire acondicionado y dices ‘madre mía’. O vas a Motril y te quedas tirado en la carretera, porque las ruedas no se las has cambiado. La Justicia sigue funcionando al mínimo, se confía en que todo el peso recaiga en los que estamos aquí y claro, no vamos bien.

Ustedes siguen reclamando una inversión en Justicia del 1,5% del PIB.

Que se invierta en Justicia lo que sea necesario. Ya se hizo en este país en otros departamentos, tenemos unas carreteras que son la envidia del mundo, o los trenes de Alta Velocidad, pues algún día alguien se tendrá que plantear si queremos tener un sistema judicial ágil, eficaz y que resuelva las cosas en su justa medida y en un tiempo razonable, pues habrá que planteárselo.

¿Han quedado atrás los problemas que tuvieron con los abogados durante la pandemia? Se planteó, incluso, la suspensión del turno de oficio...

Yo entiendo que nosotros todas las decisiones que hemos tomado pues han sido respaldadas tanto por el Poder Judicial como por el TSJA, y desde luego entiendo que todo eso se solucionó. Aquí desde luego no se pretendía poner en riesgo a nadie y menos a nosotros mismos. Sólo se planteaba cumplir la ley dentro de lo que la ley obliga. Y había cosas que se pretendían que eran inviables, había que tomar decisiones y se tomaron, con las medidas adecuadas, las distancias necesarias y con los medios que nosotros podíamos facilitar.

¿Sigue muy alejada la ciudadanía de la Justicia?

Hay que reconocer que en muchas ocasiones no estamos a la altura de lo que el ciudadano espera de un país como este. Tenemos unas magníficas carreteras pero llegamos aquí y la infraestructura ya no es tan buena. El ciudadano se contraría. Ese coche lo tienes ahí, lo usas poco y cuando lo quieres usar te das cuenta de que es una ruina. El ejemplo se puede usar en los Juzgados de Familia, tú no te preocupas pero si te quieres divorciar con lo que se tarda pones el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que yo espere el juicio no sé cuánto tiempo? La gente se afecta y lógicamente recibe un impacto negativo. Yo me encuentro en esa dicotomía: quiero contarte la verdad, la realidad, pero por otra parte tengo que defender el buen trabajo que hacen mis compañeros, que hacen un trabajo muy por encima de sus posibilidades, trabajan mucho más de lo que exige la ley, incluso con las horas extraordinarias que se permiten.