El grupo municipal del PSOE ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Málaga la reconversión de la vivienda turística en alquiler de larga duración.

Así, el portavoz socialista, Daniel Pérez, recuerda al equipo de gobierno local que durante la comisión de vivienda del mes de junio se aprobó una moción del PSOE para llevar a cabo un plan de recuperación de pisos turísticos y destinarlos al alquiler de larga duración.

«Acabamos de conocer que la burbuja del alquiler vacacional ha pinchado por la pandemia del COVID-19 durante esta temporada alta, motivado principalmente por la cuarentena británica», afirma, añadiendo, en un comunicado, que «más del diez por ciento de los propietarios ya piensa en poner a disposición esas viviendas para el alquiler de larga temporada», explica Pérez con datos de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA).

En julio, la ocupación de vivienda turística ha superado tímidamente el 35 por ciento, cuando lo normal en este mes sería alcanzar el 80 por ciento, ha recordado. A ello, Pérez añade que «sólo en la ciudad de Málaga hay más de 5.000 alojamientos turísticos registrados, y se estiman más de 9.700 ilegales que operan a través de plataformas de Internet». «A esto hay que sumar las 21.000 familias demandantes de VPO que hay en Málaga capital».

A su juicio, «es el momento adecuado para que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía tutelen un proceso de reconversión de estas viviendas turísticas, para que puedan ser arrendadas por las personas que necesitan un hogar en nuestra localidad, garantizando siempre la seguridad de los propietarios».

Por otro lado, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha recordado el «compromiso» de todos los partidos, a través de una moción del PSOE, para asegurar «la finalidad social y residencial de estos pisos y que esta iniciativa debería ser gestionada por el Instituto Municipal de la Vivienda, garantizando la posibilidad de su renta a personas que lo necesiten».

Por su parte, la concejala socialista Alicia Murillo ha considerado que "dejar desocupados estos pisos turísticos sería un error. Confiamos en que la recuperación turística sea rápida, pero aún el panorama presenta muchas incógnitas y dejar la persiana bajada es restar oportunidades a los demandantes de una vivienda en nuestra ciudad, negar una tranquilidad a las familias demandantes que ahora no tienen".

En este punto, Murillo ha recordado que "si antes de la crisis generada por el COVID-19 ya era difícil el acceso a la vivienda en nuestra ciudad, porque Málaga es una de las capitales más caras, ahora todo es mucho más complicado".

"El incremento del alquiler arroja una subida de un 72 por ciento en Bailén-Miraflores, un 60 por ciento en Cruz Humilladero, un 53 por ciento en el distrito Este y un 53 por ciento en Carretera de Cádiz. El resto de distritos también han crecido con ritmos cercanos al 25 por ciento", ha añadido .

Para que este sistema funcione, Murillo ha expresado que "las administraciones local y regional deben ser garantes de los derechos de los propietarios que temen los impagos de los alquileres tradicionales".

Así, ha continuado, "este Plan de Recuperación de Viviendas debe contar con fondos suficientes de la Junta de Andalucía, que se puedan aplicar incentivos fiscales para los propietarios que se acojan a los planes de arrendamiento puestos en marcha por cualquier administración pública.

De esta forma, ha dicho, "tanto propietarios como arrendatarios salen ganando. Los primeros tienen su casa en alquiler con plenas garantías de pago. Los segundos, pueden vivir en un hogar, derecho que tienen todos los españoles, en un momento donde la crisis sanitaria por COVID-19 ha cambiado las reglas del juego e inestabilidad económica para muchas familias".

Para ello "hay que dar estímulos fiscales a los propietarios de manera específica como ayudas al pago del Impuesto de Bienes e Inmuebles, para el pago de seguros o asesoría jurídica". Además, la Junta de Andalucía "tiene competencias en materia de Vivienda, luego puede poner a sus funcionarios al servicio de los propietarios de las viviendas para asesorar durante todo el trámite".

A su juicio, las administraciones municipal y autonómica tienen un ejemplo del que tomar nota: "El Plan Estatal de Vivienda contempla un programa específico para el alquiler de vivienda", mientras que las ayudas del Consistorio "no han ayudado a nadie porque tras varias prórrogas hay 447 familias del segundo plan que nunca consiguieron encontrar una vivienda".