Los jóvenes malagueños tendrían que destinar entre el 60% y el 70% de su sueldo neto para poder comprar una vivienda libre, una franja de porcentaje algo por encima de la media nacional (60,4%) y que supera con mucho el 30% que las entidades financieras suelen emplear como criterio para determinar la viabilidad de un préstamo hipotecario, según un estudio elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE).

Málaga es además la provincia andaluza donde la juventud tendría que hacer mayor esfuerzo, seguramente por el hecho también de que los pisos suelen presentar los valores más caros de toda la comunidad. Así, en Sevilla, Huelva o Cádiz los jóvenes estarían obligados a dedicar entre el 50% y el 60% del salario; en Córdoba, Granada y Almería del 40% al 50% y sólo en Jaén la tasa estaría entre el 30% y el 40%.

Por delante de Málaga en cuanto a esfuezo de salario estarían Madrid, Barcelona, Baleares, Vizcaya y Guipúzcoa, todas ellas con porcentajes superiores al 70%.

El mercado de la vivienda, pese a la ralentización en los precios del alquiler y los bajos tipos de interés, sigue siendo así inalcanzable para la mayoría de jóvenes. Esas opciones de compra también vienen lastradas por los requisitos previos de solvencia y ahorro que pocos jóvenes pueden llegar a satisfacer. Con este escenario, la emancipación residencial de las personas jóvenes sigue en mínimos históricos. Tan solo el 18,7% de la población de entre 16 y 29 años en España está residiendo fuera del hogar familiar. La caída de la emancipación para la población de entre 30 y 34 años ha sido aún más acusada, con un descenso de 2,6 puntos, pasando del 71,8% en 2018 al 69,2% en la actualidad.

Esta nueva edición del Observatorio de Emancipación del CJE, elaborada a partir de datos del INE, Hacienda y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ofrece los resultados actualizados hasta finales de 2019, es decir, junto antes del estallido de la pandemia del coronavirus y la crisis socioeconómica subsiguiente que, seguramente, tendrá «severas consecuencias» sobre la población joven. «Cuanto más precarias son las condiciones de partida de un hogar joven o de una persona joven emancipada, más dificultades va a tener a la hora de afrontar una merma parcial de sus ingresos (como la que se produce con los ERTE) o incluso su total desaparición, en el caso de pérdida del empleo», advierten.

De esta forma, la «escasa capacidad de ahorro» que la población joven ha mantenido en los últimos años para afrontar los gastos que conlleva hacerse cargo de una vivienda, como el alquiler, la hipoteca o los recibos de los suministros básicos, se ve ahora aún más amenazada.

El estudio añade que una de cada cinco personas jóvenes que trabaja se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social según la tasa AROPE, lo que las convierte en el colectivo de personas trabajadoras para el que, con diferencia, el empleo no supone una fuente de estabilidad económica y bienestar.

El informe precisa que, de las personas jóvenes que cerraron el año 2019 con un empleo, un 55,4% lo hizo en puestos temporales. Además, las cifras indican que, en gran parte del territorio, cualquier modalidad de emancipación para una persona joven supone sobreendeudarse, es decir, dedicar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda.

Por ello, el alquiler se mantiene como la opción mayoritaria para la población joven emancipada (58,8%), seguido por la compra (un 17,3% estaría pagando un préstamo hipotecario y un 11,7% la tendría totalmente pagada) y, por último, el 12,2% reside en una vivienda cedida, un grupo que va aumentando en los últimos años.

Por otro lado, en 2019, un 8,1% de la población joven española reside en una provincia distinta a la de nacimiento, una práctica que se intensifica con la edad: en el caso de la población de entre 16 y 24 años sucede en un 6,7%, aumenta entre los 25 y 29 años (10,4%) y llega al 25,1% de la población entre 30 y 34 años.

Éstas y otras características describen a una juventud precaria que, según indican las últimas tendencias, es el colectivo de mayor vulnerabilidad socioeconómica de cara a esta nueva crisis.