La crisis del coronavirus ha provocado un drástico recorte en el censo de empresas malagueñas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social respecto a años anteriores, una muestra evidente del tremendo impacto de la pandemia en la economía. El número de firmas adscritas a julio de 2020 se sitúa ahora mismo en 54.092, la peor cifra para este mes desde 2013, cuando se atravesaban los momentos más duros de la crisis económica. En los últimos cuatro ejercicios, caracterizados por una fase de crecimiento tras dejar atrás la época más complicada de la recesión, la provincia se había movido siempre en julio en el entorno de las 59.000 empresas.
Hace justo un año, en julio de 2019, se contaba exactamente con 59.494, unas 5.400 más que ahora, con lo que la caída respecto a un año, cuando la economía estaba normalizada, se cifra en el 9%. En ese momento, Málaga rozaba ya a los máximos históricos de empresas registradas en la Seguridad Social, que alcanzaron un pico de casi 59.800 firmas en 2007, hace ya trece años, en pleno boom de actividad y justo antes de que comenzara la crisis económica.
Los datos de la Seguridad Social corresponden a los códigos de cuenta de cotización y son siempre muy representativos ya que todos los empresarios, como requisito previo e indispensable, deben solicitar su inscripción en alguno de los regímenes del sistema (en este caso el mayoritario es el Régimen General), sobre los que se realizarán los actos de afiliación de sus trabajadores.
Lo que sí se ha producido al menos en estos tres últimos meses es la recuperación de buena parte de los negocios que se desactivaron durante los meses de marzo y abril coincidiendo con el estado de alarma. Fueron unos 6.700, pero a lo largo de mayo, junio y julio se han recuperado alrededor de 3.300, es decir, casi la mitad.
Hay que recordar que muchas de estas firmas no habían desaparecido sino que decidieron paralizar de forma temporal su cotización como empleadoras a la espera de que volviera a reanudarse progresivamente la actividad. Los negocios del pequeño comercio, la hostelería, el ocio, la cultura y los servicios son algunos de las que integran este colectivo que se vio obligado a cesar momentáneamente su actividad, según la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). También se da el caso de algunos autónomos que estaban dados de alta como sociedad limitada y unipersonal pero que tenían trabajadores a su cargo.
De hecho, las cifras de la Seguridad Social constatan que el descenso más pronunciado en la cifra de empresas en Málaga se encuadra en el sector servicios, que aglutina el 87,3% de este bajada. La construcción reúne otro 8,21%.
A nivel nacional, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social al cierre de julio era de algo más de 1,4 millones, lo que supone que hasta ese momento se había recuperado más de la mitad de las casi 140.000 que llegaron a perderse en el peor momento de la pandemia. En todo caso, España tiene ahora un 6,7% menos de firmas que en julio de 2019.
Por volumen total de empresas, las actividades artísticas (-6,29%), hostelería (-4,69 %) y comercio (-4,38 %) son los segmentos que más han sufrido a nivel nacional el impacto de la pandemia.
Poco optimismo
La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ya ha comentado a este periódico durante el verano que hay «muchas ganas y voluntad» por parte de las empresas para retomar la actividad, aunque reconoce que la situación actual es «de incertidumbre» ante los posibles rebrotes de la enfermedad. Según comentan, la recuperación de la demanda está siendo «muy lenta» y hay sectores donde muchos negocios no han podido levantar todavía la persiana, por ejemplo los relacionados con el ámbito del ocio. Por su parte, entre los economistas y el propio sector turístico se reconoce que el verano ha sido un fiasco en cuanto a resultados debido a los rebrotes y, si no cambia el panorama, afirman que se presagia un otoño también muy negativo.
Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) están, de momento, prorrogados hasta finales de septiembre pero los empresarios, a través de la patronal CEOE, insisten en que deben llevarse al menos hasta final de año. Se temen los efectos de los planes fiscales que maneja el Gobierno, con una posible subida de impuestos. «Eso generaría dudas y ralentizaría la actividad, porque habría menos liquidez. Las empresas necesitan ahora mismo tiempo y apoyo», afirman.
