El traslado de los usuarios del Centro Guadalmedina para personas con discapacidad disparó la tensión en el pleno de la Diputación cuando se debatió una moción conjunta sobre su cierre de PSOE y Adelante Málaga, que además pidieron mantener a los pacientes en sus instalaciones del Hospital Civil mientras dure la pandemia.
Sobre esta cuestión, la vicepresidenta cuarta de la Diputación, Natacha Rivas, defendió el uso de los terrenos para el futuro macrohospital y reiteró que el Gobierno de PP y Cs ha actuado «de la mano» de los usuarios y sus familias en todo momento.
Rivas aseguró que solo 3 de las 28 familias se han opuesto al traslado a San Juan de Dios «para que sigan unidos como una gran familia y en Málaga capital, a pocos minutos de donde estaban antes». «La oposición ha usado a las familias para hacer una política rastrera», dijo Natacha Rivas.
No obstante, la diputada socialista Antonia García recordó que a los usuarios y a sus familias «se les ha hecho una encerrona y se les ha chantajeado con el riesgo de que se dispersaran por Andalucía». García aseguró que la del consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, «es la mano que mece la cuna en este despropósito». «Están actuando de forma ruin y mezquina, están engañando a las familias y han jugado con sus sentimientos; nadie de este equipo de gobierno se está poniendo en el lugar de ellos y la falta de sensibilidad de este equipo de gobierno y de este presidente no conoce límites», subrayó.
Por su parte, la portavoz de Adelante Málaga, Teresa Sánchez, le exigió a la Diputación que rectifique y reiteró «el trato insensible e inhumano» que se le está prestando a los usuarios y a los familiares de este centro asistencial.
En la sesión plenaria se dieron cita familiares de los usuarios afectados que se despidieron al grito de «no al desahucio» cuando la moción de PSOE y Adelante fue tumbada por PP, Cs y un Juan Cassá que cada vez se muestra más activo y en plena sintonía 'popular'.
