El vicesecretario de Comunicación de PP, Pablo Montesinos, ha informado este viernes del inicio de la recogida de firmas contra la okupación ilegal con el objetivo de que el Gobierno central "deje de mirar para otro lado" ante una "lacra que está provocando enfrentamientos y temor entre vecinos".

En Málaga, acompañado por los también diputados nacionales por la provincia Carolina España y Mario Cortés, y por los vicesecretarios provinciales de Organización y Política Municipal, Manuel Marmolejo y José Antonio Víquez, respectivamente; Montesinos ha presentado el Plan Nacional Antiokupación de su partido.

En él se incluyen diversas medidas, como que los okupas no se puedan empadronar en la vivienda en la que están ilegalmente y que en un máximo de 12 horas las abandonen. Además, los 'populares' solicitan que se incrementen las penas de prisión de uno a tres años, que las comunidades de propietarios puedan tomar medidas legales así como que las personas jurídicas también puedan iniciar los procedimientos de desalojo.

"Ante un Gobierno que mira para otro lado e incluso justifica la okupación, el PP llevará a cabo una ofensiva política en distintos ámbitos con el objetivo de luchar contra esta lacra que preocupa cada vez más a los españoles", ha sostenido Montesinos en declaraciones a los periodistas.

Por su lado,el senador por el PSOE de Málaga José Aurelio Aguilar ha asegurado que el Gobierno central está "centrado" en dar una solución "al problema por los allanamientos y usurpaciones de viviendas" y ha pedido que "no se sobredimensione esta realidad ni se entre en el alarmismo".

Así, ha recordado que se está ante dos tipos de delitos: en el caso del allanamiento es un delito grave que incluye tanto a viviendas habituales como a segundas residencias, "es una figura jurídica que recoge el Código Penal para proteger ese bien"; mientras que la usurpación es un delito leve, ha dicho, al tiempo que ha recordado que el 80 por ciento de las denuncias corresponden a casos de usurpación vinculados a viviendas desocupadas propiedad de inmobiliarias o entidades bancarias.

"El Gobierno está centrado en dar una solución ante este problema", ha recalcado, al tiempo que ha añadido que es algo "que tiene relevancia pero que debe dimensionarse a su realidad, el total de denuncias en el que se incluyen todo este tipo de delitos refleja que no hay un exceso para el alarmismo que se está creando entorno a este tema".