La Gerencia de Urbanismo aprobará en su Consejo Rector del lunes 28 de septiembre el plan de urbanización de uno de los pocos sectores que quedan por desarrollar en la capital, el de Sánchez Blanca, ubicado frente a Intelhorce y junto al polígono industrial de El Viso. En esta zona van a levantarse, en principio, un total de 3.443 viviendas, 1.102 de ellas de VPO. El nuevo plan de urbanización, que recibió el primer visto bueno del Consistorio en febrero de 2011 y que ha debido ser modificado por los promotores, conlleva una inversión en la ejecución material de las obras de 53,3 millones de euros.
Ya saben que la urbanización de una zona comprende la ejecución de todas las infraestructuras y servicios de electricidad, agua, telefonía y otras canalizaciones, así como la ejecución de viales. En este caso, se plantea el desdoblamiento del Camino de los Prados hasta Intelhorce y un vial que supere la avenida Ortega y Gasset y llegue a la carretera de la Azucarera. Se van a soterrar líneas de alta tensión, asimismo, entre otros muchos trabajos.
Tras un tortuoso camino administrativo y un baile en las promotoras interesadas, será Urbania la que, en principio, promoverá en torno a 2.000 viviendas residenciales en la zona, que tiene 662.000 metros cuadrados y un techo edificable de mas de 334.000 metros cuadrados.
El plan de urbanización ya aprobado en 2011 preveía dedicar a zonas verdes 73.646 metros cuadrados, 124.000 metros cuadrados a equipamientos, 36.530 metros a uso social, 60.671 para usos escolares, 27.544 metros cuadrados para deportivo. Los aparcamientos previstos son 4.229.
El convenio de Sánchez Blanca se firmó con Prasa y Gestora Cantábrica en 2004, pero estas desistieron poco después y su lugar fue ocupado por Unicaja, a través de su filial GIA y la constructora Andria. A la firma del convenio, el Ayuntamiento ya recibió por parte de Urbania, la firma que ahora sí va a promover en la zona, más de 17,8 millones de euros, 11,44 millones del principal y el resto correspondiente a intereses generados desde 2004. En principio, lo que debía recibir el Consistorio se fijó en 28,3 millones de euros, en pleno boom inmobiliario y de la construcción.
El convenio inicial obligaba a Prasa y a Gestora Cantábrica a pagar 55,1 millones de euros, 26,7 millones para acometer las obras generales y de infraestructura y más de 28 por el exceso de edificabilidad permitida y para hacer frente a las cargas de la urbanización. Esta segunda suma finalmente se redujo a los casi 18 millones de euros.
