El paso de las décadas vuelve a proyectar una ráfaga de luz encaminada a hacer, al fin, justicia para amortiguar el dolor y el olvido que acompañó a las consecuencias fratricidas de una Guerra Civil y 40 años de dictadura. Las familias de, al menos, unas 5.000 personas que fueron represaliadas por el franquismo en la provincia de Málaga aguardan la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática con la que el Gobierno de España declarará «la nulidad de las resoluciones y condenas dictadas por los órganos de represión franquistas», que además serán considerados «ilegítimos».
Asimismo, las medidas que se recogen en el anteproyecto de ley gubernamental contemplan un escenario que permitiría avanzar en la identificación de los restos de las casi 3.000 víctimas que ya han sido exhumadas en el cementerio de San Rafael de la capital malagueña, que albergaba la mayor fosa común del país. Además, se emprenderían tareas de exhumación en otras muchas más fosas comunes que están repartidas por otras localidades malagueñas.
De hecho, el texto elaborado por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos incluye la creación de «un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares».
Asimismo, entre las numerosas actuaciones que refleja, se «asume la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura como una responsabilidad de Estado» y «se elaborarán planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas e identificación de las víctimas».
La aportación de Málaga
Si se siguen los datos en los que trabaja la Asociación contra el silencio y el olvido por la recuperación de la memoria histórica de Málaga, en el cementerio de San Rafael de la capital malagueña se han llegado a exhumar «uno a uno» 2.840 cuerpos. Además, habría que sumar casi otro millar de cuerpos que fueron trasladados sin el conocimiento de los familiares al madrileño Valle de los Caídos.
Estas cifras adquieren un testimonio ebrio de lucha y compromiso en las impresiones de quien fuera el presidente de este colectivo en los últimos años antes de cederle el testigo a Pedro Moreno Brenes «por motivos de salud». Se trata de José Sánchez, quien, igualmente, recordó que existen otras personas que «tras ser fusilados, si la familia pagaba eran sacados de la fosa y enterrados directamente en el suelo en el antiguo cementerio de San Rafael». «Todo eso hace que, en la documentación con la que cuenta la asociación, se lleguen a superar las 5.000 personas que fueron represaliadas en Málaga», añadió este experto en memoria histórica.
Sánchez también se preguntó que «si se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos, qué pasa ahora con el resto de cuerpos que hay enterrados allí». «Además, raro es que en cualquier pueblo de Málaga no haya una fosa en el cementerio; ahora mismo se está trabajando en Villanueva de la Concepción porque se había construido un pabellón de nichos sobre parte de una de las fosas», explicó José Sánchez.
Respecto a San Rafael, explicó que «los cuerpos están individualizados dentro de una pirámide pero no existen las pruebas de ADN para saber a quien corresponde cada uno». Además, detalló que en las exhumaciones había personas procedentes de hasta 500 municipios, entre los que están representados la práctica totalidad de las localidades malagueñas y numerosas comunidades autónomas españolas.
No obstante, Sánchez señaló que la Ley de Memoria «está sufriendo tanto retoque, está sufriendo tanto aplazamiento que vivimos en el año 2020 y todavía estamos peleando y todavía tenemos montones de fosas en cunetas y montones de fosas en numerosos cementerios».
«A ver si la ley llega ya porque los hijos y los sobrinos de los que mataron se están muriendo y los nietos llegando al límite y esto solo es un aplazamiento tras otro, quizás por retocar una ley o por cambios de gobiernos, cuando tenía que ser una ley muy inmediata y no estar tanto tiempo encerrada en el cajón de los despachos, para que de una vez se supiera que esto es lo que hay y que esto otro es lo que hay que hacer y punto», enfatizó José Sánchez.
En este punto, agregó que «por ejemplo, Mariano Rajoy no anula la ley de memoria histórica pero le da un presupuesto cero; sea la ley que sea hace falta presupuesto para desarrollarla».
Y respecto al anteproyecto de la ley del Gobierno de Pedro Sánchez, agradeció que aporte una nueva luz pero matizó que «es una luz que queremos ver al final del túnel encendida». «De nuevo, hay que esperar un desarrollo de esa ley y las personas que están entre los 80 y los 90 años se siguen muriendo», agregó el que fuera hasta hace poco el presidente de la Asociación contra el silencio y el olvido por la recuperación de la memoria histórica de Málaga.
Antes regresar atrás en el tiempo, José Sánchez indica que ya tiene 71 años y reconstruye lo acaecido en el conflicto bélico y las consecuencias irreparables que sufrió su familia.
«A tres tíos míos y al marido de una de ellas, los mataron en la salida y la toma de Málaga; mi padre estuvo 20 años y mi madre otros cinco en la cárcel; yo sé lo que es el sistema que nos cerraba el patio del cementerio de San Rafael y había que entrar por una puerta independiente; además, hemos tenido que luchar para sacar todos los cuerpos de allí y verlos uno a uno salir pero todavía sigue habiendo fosas y otras barbaridades y dificultades para sacar a los cuerpos, hay mucho olvido», relata.
