Los comedores sociales de Málaga se encuentran en una situación límite. La crisis social y humanitaria que acompaña a la pandemia ha puesto en jaque a estas entidades, que en cuestión de meses han visto como la población necesitada ha aumentado un 22%, incluidos muchos hogares que por primera vez necesitan ayuda para poder comer.
En total son 6.300 personas atendidas por una decena de entidades sociales en Málaga, asociaciones que han tenido que afrontar un aumento del gasto en alimentación de más de 163.400 euros debido al incremento de usuarios y a los cambios de protocolo debido a la pandemia. «Todos los días estamos suministrando la comida en un tupper, que teniendo en cuenta que es un primero, un segundo y un postre pues estamos hablando de dos tupper mínimo por persona», explica Enrique Porras, presidente de la Asociación Naim y miembro de la Plataforma por la Garantía Alimentaria. «El comedor social se ha reconvertido. No somos una entidad de reparto de alimento porque damos la comida elaborada y claro, nuestro gasto se ha incrementado notablemente».
Movilizaciones
Con todo, las subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a los programas de Garantía Alimentaria en Málaga se han recortado en más de un 76%, pasando de los 635.447 euros de la convocatoria de 2019 a los 148.190 euros que se ofertan este año.
«El presupuesto aprobado por la Junta es tan precario que va a hacer peligrar el mantenimiento de muchas asociaciones y de gran parte de los servicios que ofrecen», alertan desde la Plataforma por la Garantía Alimentaria de Málaga y Provincia. «En resumen, nos vemos con más familias necesitadas, pero sin recursos para atenderlas».
Debido al «riesgo real» de no poder mantener su labor social, las entidades que conforman esta plataforma de comedores sociales anuncian que plantean organizar movilizaciones «de forma inminente» para hacer pública su situación y pedir a la Administración andaluza que «recapacite».
«Todos los comedores sociales estamos reestructurando y viendo cómo lo vamos a hacer: mantener las necesidades de las personas que demandan alimentación e higiene y luego habrá que ver el personal. Las entidades tienen unos gastos fijos: alquiler, luz, agua, gas... estamos viendo la situación que tenemos», dice Porras.
Fuentes de la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación han asegurado a este periódico que están haciendo «todo lo posible» para que «nadie se quede sin ayuda», tras el recorte que han sufrido las ayudas destinadas a los proyectos de Garantía Alimentaria por una forzosa reestructuración del presupuesto a causa de la pandemia.
Por otro lado, desde la Consejería han subrayado que los comedores sociales pueden acogerse también a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas para atender fines sociales a través de la línea del IRPF. «Hay provincias que se han acogido a estas ayudas y, en cierto modo, digamos que han compensado. Esto también se lo ofrecimos a las entidades de Málaga, que tienen esa opción», añaden desde Igualdad. «Hay una convocatoria abierta y se han presentado otros años». En cuanto a la posibilidad de otorgar una ayuda extra hasta finales de año a los comedores sociales para compensar el hueco en el presupuesto de sus proyectos, la Consejería aún no da fechas. «Seguimos trabajando».
Enrique Porras, por su parte, añade que llevan «en negociaciones con la Junta desde el mes de agosto, en el que nos han ido diciendo cosas, que se iba a aumentar la partida, tal... lo cierto es que los meses van pasando, no sabemos nada y el recorte está ahí». Lamenta que probablemente no puedan arrancar los nuevos proyectos hasta primeros de año. «Normalmente, en años anteriores en septiembre la resolución ya ha salido y a partir de que sale el dinero se ingresa. Acabamos de presentar los proyectos».
