La criminalidad relacionada directamente con el tráfico de drogas ha crecido en la provincia de Málaga entre 2019 y el ejercicio inmediatamente anterior. En concreto, según datos de la Fiscalía Superior de Andalucía que constan en su memoria relativa al pasado año, el incremento es del 12%. No en vano, Málaga es la segunda provincia andaluza tras Almería (34%) en la que más crece este tipo de delitos.

Según la memoria, en Andalucía la criminalidad ha experimentado un crecimiento del 17%, el más elevado en el conjunto de los distintos delitos registrados.

El incremento en el tráfico de drogas se tradujo en un aumento de los procedimientos judiciales incoados: en Málaga se han abierto 1.026 diligencias previas, un 12% más que el año anterior.

La Fiscalía indica que la droga que plantea los problemas más graves de criminalidad en el territorio andaluz es indudablemente el hachís, dice el ministerio público, que señala que la vía de entrada principal es la marítima por todo el frente costero autonómico. La instauración desde 2018 del Plan Carteia en Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga y Almería ha tenido una consecuencia evidente: el desplazamiento de las descargas a otras zonas con menor presión policial, con aumentos en las incautaciones en zonas distintas.

En Málaga y en Sevilla, por otra parte, se ha confirmado también la existencia de numerosos grupos criminales relacionados con los clanes del campo de Gibraltar que utilizan localidades de estas provincias para dispersar la actividad delictiva a zonas alejadas de ese territorio, especialmente las poblaciones ribereñas del Guadalquivir y las zonas de Manilva, Estepona y Marbella.

En ellas se han descubierto grupos dedicados a la ocultación y preparación de embarcaciones de alta velocidad, la infraestructura para su avituallamiento con combustible y suministro de pilotos y la descarga y guarda de la droga, fundamentalmente.

La confluencia de distintos grupos criminales en la consecución de grandes alijos, especializados en las distintas tareas y que colaboran con una o varias organizaciones, supone una «seria dificultad», según la Fiscalía, para la tramitación de las macrocausas, que derivan de las investigaciones que se llevan a cabo contra ellas.

El ministerio público ya alertó de la lentitud de la instrucción ante la falta de medios en juzgados y tribunales y la ausencia de un sistema procesal adecuado a este tipo de criminalidad. «Estamos en un callejón sin salida que sólo puede solucionar un cambio del sistema procesal actual y de la planta judicial», indica el órgano.