Desahucio a la vista en la calle Záncara, 16, en la barriada García Grana. Melody Jurado, de 32 años, junto con su hija de 3 años y su hermana Mari Carmen Jurado deberán abandonar la vivienda que perteneció a sus tíos abuelos y luego a su tío, fallecido recientemente.

Una sentencia firme respalda al IMV, que ya ha solicitado las llaves del piso. Además, según informa Victoria Reyes, vecina del barrio y miembro de la Asociación Plataforma Záncara, el desahucio tendría lugar a final de octubre.

«El inspector nos mandó un papel para que le entregáramos las llaves, le llamé y le dije que no porque no tenía dónde irme con la niña, que tiene 3 años», cuenta Melody Jurado, que está en paro.

Tanto Melody como la plataforma vecinal y la federación vecinal Solidaridad consideran que las posibles desahuciadas forman parte de las 22 familias con contratos antiguos que, tras ganar un juicio, el Ayuntamiento, además de concederles que no paguen alquiler, les reconoció en 2011 el derecho a convertirse en propietarios de sus viviendas, algo que finalmente el Consistorio ha retrasado al año 2028, al sumarse unas 125 familias en parecidas circunstancias.

Este retraso, sumado a la condición impuesta por el IMV de que sólo tendrán opción de compra- en caso de fallecimiento del inquilino- la persona que haya vivido dos años empadronada en el inmueble, en lugar de los herederos legítimos, motivó que estas 22 familias presentaran un recurso contencioso administrativo, todavía sin sentencia.

Por este motivo Rafael Martín, de la Federación Provincial Solidaridad, considera incomprensible que el Consistorio haya actuado de forma individual contra estas vecinas, «cuando está a la espera la sentencia de las 22 familias».

«No se entiende que los vecinos tengan en propiedad Carranque o Girón y llevemos 60 años a la espera en García Grana», añadió Victoria Reyes.

Por su parte la abogada Concepción León-Parrado, que ha defendido tanto a estas familias como a Melody Jurado y su hermana, admitió ayer a este diario que este último caso era difícil ganarlo, puesto que los dos hijos del inquilino fallecido no accedieron a ceder a sus primas sus posibles derechos al piso. Además, también informó de que el Consistorio le había ofrecido a esta familia la posibilidad de un alquiler social, algo que rechazó.

Por otro lado, el concejal socialista Pablo Orellana lamentó la situación de la familia desahuciada y el que en general el Ayuntamiento «no quiera poner soluciones en este asunto porque al final se están perdiendo los derechos de estas familias, porque hay una presión enorme por solicitar viviendas».

Un portavoz municipal declaró ayer que hay una familia «con una necesidad social» a la espera de entrar como inquilina en la casa de Záncara,16. «Aquí la perjudicada es la familia que no puede entrar en esta casa», subrayó.

Por último, explicó que los dos años de empadronamiento se han establecido para constatar que los nuevos titulares «tienen unas necesidades sociales determinadas; si vives con tus padres es que tu situación económica no es buena; no es un asunto de herencia».