El edificio de la calle Cabriel 27 será rehabilitado y, de esa reforma, saldrá un inmueble con viviendas protegidas y régimen de alquiler rotacional, con un centro de asistencia y formación en salud y apoyo al drogodependiente y servicios generales de bienestar social (un taller de español, oficinas jurídicas para asesorar a inmigrantes, cooperativas de menores a distancia). En definitiva, un edificio que acogerá un ambicioso proyecto social tras un pasado muy traumático. Para ello, el primer paso es expropiar las viviendas (hay 52 y, cuando se desalojó el edificio 46 estaban ocupadas). Así, el Consejo Rector de Urbanismo ha hecho efectiva la primera expropiación (en torno a 25.000 euros).

Cabe recordar que el edificio tiene 13 plantas y 52 viviendas. Antes del desalojo de agosto de 2018, y tras el incendio que afectó al inmueble, un tercio de las casas estaban desalojadas. El edificio tenía problemas serios de accesibilidad, no funcionaba el ascensor, destrozado por algún inquilino, y el hueco se convirtió en un almacén de basura. Las inspecciones técnicas concluyeron, tras el fuego, que no se garantizaban las condiciones mínimas de seguridad y salubridad ni el suministro de servicios urbanos.

Recuerda el edil de Urbanismo, Raúl López, que muchas de las viviendas son de la agencia que tiene la Junta para este cometido y que Vivienda y el distrito de Palma-Palmilla han debido hacer un barrido para ver cuántas familias de las que había viviendo (46) son las verdaderas propietarias de los pisos y, por tanto, tienen derecho a percibir el montante económico de la operación de expropiación. El gasto estimado para expropiar los domicilios es de 1,34 millones de euros.

En diciembre de 2016, Urbanismo aprobó hacer del inmueble el eje de un novedoso experimento social tutelado por expertos. En la primera fase se expropian las viviendas, en la segunda se realoja a los ocupantes legales del inmueble (691.000 euros de coste) y, en el tercer tramo del plan, se rehabilita completamente el edificio (4,36 millones de euros). El IMV ya encargó la redacción de la reforma y la dirección técnica de la obra (181.000 euros).