La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y los sindicatos CCOO y UGT en la provincia han ratificado este martes el acuerdo firmado el pasado mes de julio a nivel andaluz para la reactivación económica y social de la comunidad, y que contiene ejes como el fortalecimiento de la actividad y el empleo a través de la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad jurídica de las empresas y la digitalización, así como medidas sociales y para la prevención y atención sanitaria.

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha celebrado el "mensaje de unidad" que supone este acuerdo para poder anticiparse en lo posible a los efectos "devastadores" del coronavirus en la socieda y en la economía. "Estamos trabajando sin descanso en la construcción de diques que frenen el virus. Este acuerdo nace del diálogo en un momento de incertidumbre e inseguridad", ha afirmado la delegada, que ha felicitado a empresarios y sindicatos por "anteponer el interés social" a las diferencias que cada uno pueda tener en materia laboral.

Navarro ha recordado que el primer hito del acuerdo lo representa el plan "Andalucía en marcha", presentado hace unos días en Málaga. Las inversiones previstas en este marco rozan los 1.000 millones de euros para acometer 150 proyectos entre los que destacan el impulso al Puerto Seco de Antequera (13), el metro soterrado al Civil (55) , el vial distribuidor oeste, la autovía de Ronda o el desdoble de la A-356 en Vélez.

También se destinarán 255 millones para obras hidráulicas, como la EDAR Norte (que acapara 131 millones), la seguridad en el entorno del río Guadalhorce o actuaciones de prevención y gestión de catástrofes en las presas de la provincia, entre otras. Se contemplan además 87 millones para infraestructuras educativas y deportivas y 400 para el nuevo hospital de Málaga. A nivel andaluz, ese plan está dotado con 3.450 millones de euros.

"Es la mayor apuesta inversora que ha hecho jamás un gobierno en Andalucía", ha comentado la delegada. Además, ha destacado iniciativas en marcha como el bono turístico para fomentar la movilidad nacional, el seguro de viaje para dar cobertura al turista extranajero a partir del próximo 1 de enero o las ayudas de entre 900 y 1.200 euros al alquiler para los autónomos del ocio nocturno y ocio infantil.

Por otro lado, ha apuntado que más de 2.000 familias malagueñas en situación de vulnerabilidad han solicitado ya las ayudas para el alquiler habitual de vivienda. En materia de industria agroalimentaria se han habilitado 82 millones en ayudas a empresas rurales para transformación o comercialización, mientras que también hay partidas para la digitalización. En el caso de los autónomos, ha recordado que 15.000 también se han acogido a las ayudas para el pago de cuotas en los meses de confinamiento.

Por su parte, la secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, ha señalado que el acuerdo firmado en julio es un instrumento para "planificar, prever, asumir compromisos de futuro e impulsr soluciones" ante la crisis que ha originado la pandemia. "La unión de esfuerzos y la altura de miras es imprescindible ahora", ha apuntado.

La representante empresarial ha dicho que la principal preocupación en el marco de la economía debe ser "minimizar" el impacto del coronavirus en las empresas, el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos. "En esta tarea resulta esencial tanto la iniciativa privada como disponer de políticas y servicios públicos sólidos para cubrir las necesidades", ha insistido. Sánchez ha defendido el papel del diálogo social para conseguirlo.

La CEM ha insistido en que para relanzar el empleo y la actividad empresarial es vital "mantener ahora la viabilidad de las empresas y slavaguardar los miles de puestos de trabajo que de ellas dependen". Para ello, ha apostado por medidas fiscales, financieras y organizativas, además de aprovechar los fondos europeos que van a llegar a España. También ha resaltado la importancia de garantiza la competitivida de empresas y autnónomos en torno a cuestiones como la financiación, la internacionalización, la seguridad jurírica o la agilización de trámites. Y ha recordado las dificultades que atraviesan segmentos como el turismo, el comercio o la indsutria aeronáutica, entre otros.

Por la parte sindical, el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, ha lamentado la "incertdumbre económica" actual y ha recordado que en la provincia hay 250.000 trabajadores que ingresan menos de 800 euros al mes. También ha afirmado que la economía no puede crecer dejando a "miles de personas" en el paro (ahora mismo hay 182.000 desempleados en Málaga) y ha añadido que unos 86.000 no cuenta ahora mismo con ninguna cobertura.

Cubillo ha reclamado un modelo económico que permita generar "empleo decente" y ha explicado que el diálogo social es una herramienta que se ha revelado como muy útil para luchar por estos objetivos.

Desde UGT, su secretario general en Málaga, Ramón Sánchez-Garrido, ha señalado que el acuerdo es "un ejercicio de responsabilidad" que marca las "líneas maestras" de lo que debe ser la recuperación de la economía. "La prioridad es salir de la crisis sanitaria, pero sosteniendo la economía y evitando la pérdida de puestos de trabajo", ha dicho. A su juicio, hay que asegurar la liquidez de las empresas que se muestren "social y laboralmente responsables y que asumen cláusulas de protección de los trabajadores".

"El dinero público debe reactivar la economía, pero con trabajo estable y de calidad", ha afirmado Sánchez-Garrido, que reclama también un refuerzo de los servicios públicos. Además, recuerda que hay que luchar contra el fraude en la contratación y la economía sumergida. Y propone un modelo productivo con más industria y menos dependencia del sector servicios.