Facua-Consumidores en Acción recuerda a los afectados por la quiebra de las clínicas Dentix que pueden paralizar el pago a las financieras por sus tratamientos no finalizados. Si se trata de un crédito vinculado, concertado a través o por mediación de la propia clínica, es posible detener los pagos del crédito y oponer ante la financiera el cierre del establecimiento para no seguir haciendo frente al mismo, siendo necesario presentar reclamación ante la entidad de crédito.

En muchos casos, los usuarios vienen viéndose obligados al abono mensual de las cuotas pese a que los servicios no han sido efectivamente prestados. Además, Facua señala que si Dentix no reubica a los pacientes en otras clínicas, los usuarios tienen derecho a reclamar la devolución de parte o incluso la totalidad del dinero abonado, segun los casos.

Los afectados pueden unirse a la plataforma de afectados creada por Facua para asesorar y defender a los pacientes.

La asociación advierte además de que el cierre de las clínicas viene además provocando la imposibilidad de acceso de los pacientes a su historia clínica y a la documentación y los datos que en las mismas pudieran figurar. Una circunstancia que reviste de especial gravedad y que los sitúa en una posición de completa vulnerabilidad, teniendo en consideración que son numerosos los tratamientos que actualmente se encuentran interrumpidos y que dicha coyuntura puede suponer un grave perjuicio para la propia salud e integridad de los consumidores.

Es necesario modificar la normativa de clínicas dentales

Facua considera escandaloso que más de dos años después del anterior cierre de otra gran cadena de clinicas dentales, iDental, en junio de 2018, en cuyo proceso judicial ejerce la asociación la acusación particular, el Gobierno siga sin modificar la legislación para obligar a estos centros a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de quiebra. En este sentido, la asociación recuerda que se dirigió a la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, para que acometiera una modificación de la normativa que regula los centros sanitarios privados.

La asociación indicaba que las leyes que regulan las clínicas dentales, el Real Decreto 1594/1994 y los desarrollos autonómicos, resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, y reclamaba una serie de modificaciones, entre las que consta la exigencia del seguro de responsabilidad civil que incluyera el riesgo de cierre o quiebra del negocio.

Además, Facua reclamó al Gobierno que se reforzaran los controles de la Administración a estas clínicas, se regulasen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacen, se revisaran las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma. Facua recuerda que Dentix fue una de las cadenas odontológicas que se ofreció para continuar los tratamientos de los afectados por el cierre de iDental.

También instó a que se regulara la información de la clínica que debe estar disponible al público, tanto en cartelería como en toda la documentación que se entregue al usuario (contratos de financiación, facturas, etc.), incluyendo la denominación social y comercial, administrador, odontólogo responsable, datos de contacto, procedimiento para interponer reclamaciones, solicitud de historiales clínicos, etc. De esta forma, los usuarios pueden saber a quién se tienen que dirigir a la hora de reclamar por un cierre o cualquier otro tipo de problema.

Dentix tenía problemas de financiación desde 2018

Dentix arrastraba problemas de financiación desde el año 2018, debido a un modelo de negocio basado en la fuerte expansión y los créditos al consumo. A mediados de 2020, tras el cierre vinculado a la finalización del estado de alarma, Dentix reabrió un reducido número de sus más de 350 establecimientos en toda España para continuar una parte de los tratamientos de sus pacientes. Pero la empresa ha acabado declarando el concurso de acreedores acogiéndose a la ley de protección de quiebras ante su incapacidad de hacer frente a las deudas contraídas con KKR, BBVA y Cetelem, sus principales financiadores.

En los últimos años se han sucedido los cierres de numerosas cadenas de clínicas dentales dejando indefensos a cientos de miles de consumidores y causándoles numerosos daños y perjuicios económicos y a su salud. Buena parte de las clínicas que han cerrado respondían a un modelo de negocio basado en un rápido crecimiento por todo el país, sustentado en la financiación de los tratamientos y en fuertes y dudosas campañas publicitarias de captación clientes-pacientes.

La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y la protección de su salud, la mala gestión empresarial en unos casos y el fraude intencionado en otros, han derivado en el cierre y caída sobrevenida de buena parte de estos negocios.