­Tanto Col Servicol como Perea Rojas forman parte de AERCAN (Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de Andalucía), que engloba a una veintena de empresas. La patronal pide a la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación) que en las bonificaciones se tengan en cuenta los menús solicitados, no los consumidos y que no se les cobre el canon. Además reclaman a la Junta «pagos en calidad de indemnizaciones de un millón y medio de euros», y gastos extras que se requieren en materia de desinfección debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

Por su parte la Junta niega tener deudas con alguna de estas empresas: «La APAE no tiene facturas pendientes con estas empresas. La deuda a la que se hace referencia no es líquida ni exigible», reza el comunicado.

Desde la Agencia Pública Andaluza de Educación aseguran que se sigue trabajando en la adjudicación de contratos menores para poder restablecer el servicio pero, por el momento, no ofrecen a los perjudicados ninguna fecha de resolución, solo la posibilidad de dejar a sus hijos en las aulas de espera habilitadas en dichos centros.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres, (Fdapa), considera que «transcurridos más de 15 días desde qué se hizo pública la decisión de las empresas de no prestar el servicio, la APAE debería tener resuelto el problema, que deja en una muy precaria situación a miles de alumnos en una situación social extrema y que hacen muy difícil, por no decir imposible, la conciliación laboral y familiar». Y a pesar de que la Delegación de Educación, reitera su «compromiso de llevar a cabo una tramitación urgente para la contratación pública», para que sea posiblie cubrir este servicio, por el momento no hay aún comedor.

Por su parte la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) alertaba que «el servicio de comedor asegura una comida diaria para muchos niños y niñas andaluces de familias en situación de pobreza o en riesgo de exclusión». En esta línea, Codapa hace un llamamiento a la responsabilidad corporativa y a las administraciones competentes para que lleguen a un acuerdo lo más antes posible. «Esta situación pone de manifiesto, las disfunciones de este servicio y que venimos denunciando desde hace años», reiteran.