El equipo de gobierno aceptó estudiar, en junio pasado, una propuesta socialista para recargar en un 50% el IBI que pagan las viviendas desocupadas en manos de grandes tenedores, en su mayoría empresas o fondos de inversión que especulan con este tipo de casas. La idea es que salgan al mercado la mayor parte de estos pisos y contribuyan, en lo posible, a una reducción de los precios del alquiler. Sin embargo, hoy, día en el que se han celebrado tanto la Comisión de Economía y Haciendo y el Pleno extraordinario para aprobar las tasas y ordenanzas fiscales de 2021, así como el plan económico-financiero derivado de haberse incumplido en 2019 la regla de gasto en 12 millones de euros en 2019, la oposición, conformada por el PSOE y Adelante Málaga, ha constatado que esa moción socialista aprobada en junio no se contempla en las ordenanzas del año que viene, lo que ha motivado un fuerte debate entre el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, la edil del PSOE Alicia Murillo y el concejal de Podemos e IU, Nicolás Sguiglia.

Antes, los resultados: las ordenanzas fiscales y tasas municipales para 2021 han sido aprobadas por 15 votos a favor, 11 abstenciones y tres sufragios en contra; se ha aprobado además derogar el reglamento de ayudas para el pago del IBI a personas en situación de especial necesidad (se sustituye por una diatriba jurídica pero se van a implementar nuevas ayudas, sobre todo a desempleados y jubilados), se da luz verde, por unanimidad, a la bonificación del 25% en la tasa de basura para comercios, hoteles, viviendas turísticas y hostelería en 2021 (por los tres meses que este año estuvieron sin actividad), y además se ha dado el sí, por 15 votos frente a 14, al plan económico-financiero municipal, que hay que hacer por ley, después de haberse incumplido la regla de gasto en 2019, en más de 12 millones de euros, un plan que no implica medidas de ajuste, sino que la evolución natural de la economía en los próximos años equilibrará las cuentas.

En cuanto a recargar el pago del IBI, Murillo ha afeado a Conde que, a pesar de haberse aprobado esa moción del PSOE en junio, no se haya llevado a cabo, como tampoco la bonificación de hasta un 55% en el IBI residencial destinado al alquiler de la vivienda con renta limitada. “Fueron aprobados por Pleno y no sabemos nada”. “El contexto exige usar las ordenanzas fiscales para ayudar a las familias”. El edil de Podemos e IU Nicolás Sguiglia también ha afeado que no encuentren entre las ordenanzas fiscales la propuesta de gravar a los grandes tenedores de vivienda, lo que sería algo positivo; y también ha insistido en la necesidad de subir el IBI industrial a grandes almacenes y superficies comerciales u hoteles, el conocido IBI diferenciado, de forma que Málaga pierde por esta puerta un total de 20 millones de euros. “Se iba a hacer, quizás sí es el momento para modificar esto e invitar a las grandes empresas a ello”.

Carlos Conde, por su parte, ha sido contundente al asegurar que subir el IBI diferenciado hasta el máximo permitido, el 10%, no sólo repercutirá en grandes superficies y empresas, sino que va a afectar de lleno “a pequeños comercios de Málaga, a miles de pymes malagueñas, cuando quiera -le ha dicho a Sguiglia- le invito a que los conozca con nombres y apellidos”, ha dicho, para luego criticar el incremento fiscal “sin paliativos, de más de 6.000 millones de euros”, que prepara el Gobierno. A Murillo, le ha dicho: “Tendrá que aclararse, porque por un lado piden rebajas fiscales y, por otro, subidas”.

Conde, asimismo, ha destacado que Málaga es una ciudad que, entre las grandes urbes del país, tiene un IBI de los más bajos, “la fiscalidad es muy baja, si tuviéramos los niveles de IBI residencial de otras ciudades recaudaríamos 40 o 50 millones de euros más”.

En relación a esos anuncios hechos por el equipo de gobierno en meses anteriores, Conde ha recordado que la “situación actual es muy delicada”, de forma que se estudiará todo siempre en el contexto “de la pandemia”, es decir, cuando la situación lo permita. Ha destacado que es esencial que el Gobierno central permita a los ayuntamientos usar los remanentes, así como debe liberarlos de la regla de gasto y la estabilidad, sobre todo en un momento como este.