La crisis sanitaria del coronavirus se ha llevado muchas de las certezas que teníamos y ha acabado con buena parte de los debates históricos que esta ciudad se había prometido a sí misma, lo que es igual que hacerlos eternos, especialidad esta última marca de la casa, no sólo de los políticos, sino también de los ciudadanos. Esta semana, que ha sido frenética en la Casona del Parque, ha estado protagonizada por la economía en su más amplio sentido, porque el principal motor generador de noticias ha estado radicado precisamente en el área que lidera Carlos Conde, teniente de alcalde de Economía y Hacienda, y uno de los tipos más serios y que mayor capacidad de gestión han demostrado. Porque Carlos Conde, quiero recordarlo aquí, se comió el marrón de negociar con Ciudadanos el pasado mandato tres presupuestos, tiempos difíciles en los que los naranjas estaban comandados por el ahora edil no adscrito Juan Cassá, que no daba su brazo a torcer en muchas «líneas naranjas», aunque hoy sí haya caído, curiosamente, en el influjo de otros brazos para ser todo silencio (roto esta semana en una comisión). Después de las pasadas elecciones, se le quitó la portavocía en una jugada que se explicó entre bambalinas por el hecho de que en el anterior mandato hacía falta un tipo como él, dialogante y conciliador, y en este, con la mayoría absoluta apuntalada ya con un gobierno con Cs en coalición, se ha dividido la portavocía entre la amabilidad institucional de Susana Carillo, fichaje estrella del alcalde, y la más guerrillera y peleona Elisa Pérez de Siles.
Lo importante
Hay guerra larvada, soterrada, apenas incipiente por el sillón de la alcaldía que será, mientras él quiera, de Francisco de la Torre. Hay un pulso desde el partido al regidor, un pulso con sordina, claro, y han entrado en juego también las preferencias de Génova que son, claro, las de los más afines a Pablo Casado. Hecha esta descripción de la comunicación interna que rige el funcionamiento del equipo de gobierno, hay que dirigirse al exterior y echarle un vistazo, porque están cayendo chuzos de punta en la ciudad, con miles de familias abocadas al paro o en vías de pasar hambre, sin trabajo y con dificultades para pagar la luz, el agua, la ropa o artículos de higiene básicos; además, la segunda ola de la pandemia ha decidido disfrazarse de susto o muerte, según el día, y a los malos números de nuevos contagios y de fallecimientos por este mal, se suma el desolador panorama económico que amenaza con dejar de pie sólo a aquellas empresas más fuertes o a las que más remanente de tesorería tenían para encajar la mordida de un animal rabioso como el coronavirus. El modelo de ciudad está siendo puesto en cuestión ya no sólo por Adelante Málaga, confluencia de Podemos e IU, sino también por el PSOE, y el modelo económico, basado fundamentalmente en el turismo, también está en jaque mate. Hay algunos analistas que han vaticinado que esta crisis se va a llevar por delante a todos nuestros líderes en Madrid, en la comunidad y en la provincia. Yo no soy tan osado, pero sí creo que estas situaciones retratan la capacidad gestora de los líderes y, al que no daba la talla antes, ahora lo desnuda ante sus conciudadanos, demostrando, una vez más, que el debate no es monarquía o república, sino más o menos democracia (que dijo Javier Cercas), después de que esa democracia, al menos a partir del año 2000, se convirtiera en una partitocracia en la que sólo los cachorros de cada uno de los dos principales partidos ocupaban puestos de poder y de mando. O eso nos dijeron. De ahí, de esa desazón, de ese resquemor ciudadano, vinieron los populismos y una sociedad civil más articulada y contestataria.
Debates eternos
Decía todo esto porque esta semana, por ejemplo, se han revivido viejos debates, eternas diatribas acerca de la política impositiva del Ayuntamiento, que en los primeros compases del mandato había anunciado su intención de estudiar, o de llevar a cabo, según el caso, algunas modificaciones en impuestos con el fin de acabar con la impopularidad de varios de estos tipos. Les pongo un ejemplo: la plusvalía. El PSOE hizo bandera de la lucha contra este tipo y, tras hacer varias ruedas de prensa-espectáculo llamando por su nombre de pila, incluso en plenos y comisiones, a quienes habían tenido que pagar mucho dinero por heredar la casa de su madre o padre fallecidos, la historia funcionó y el alcalde se comprometió en octubre de 2019, hace un año, a rebajar un 12,5% anual el impuesto durante varios ejercicios hasta llegar al 95% de bonificación. Eso no se metió en estos presupuestos y, después de la alarmante caída de ingresos municipales que ha sufrido el Consistorio dada la merma de actividad, parece difícil que pueda suceder en las cuentas de 2021, ahora en preparación después de que se aprobaran las tasas e impuestos municipales para el año que viene, que se congelan (sube, por ejemplo, el billete de bus, pero ese incremento ya se había previsto en 2019 de cara a 2020, y no ha entrado en vigor este año por motivos evidentes). Ya, por tanto, se ha dicho que no a esa promesa y, aunque no se ha explicado con claridad, lo que quiere decir el equipo de gobierno es que, como está el patio, necesita dinero para hacer política. Y si renuncia a ingresos de 20 millones de euros, la situación sería aún más comprometida.
Impuestos
Se comprometió el Ayuntamiento también a estudiar una subida del llamado IBI diferenciado o industrial, el que pagan las grandes empresas, almacenes o superficies comerciales, incluso los hoteles. Dice Adelante que subiendo el porcentaje de tributación al 10%, la ciudad ingresaría 50 millones de euros. Carlos Conde afirma que sería mucho peor el remedio que la enfermedad, puesto que sí, claro, se ingresarían en torno a 20 millones de euros, nunca 50 millones, pero además se perjudicaría, con nombre y apellidos, a muchas pequeñas y medianas empresas malagueñas, que a la situación que están atravesando sumarían una bonita ‘multa’. Es cuestión de ideología, claro. Eso quedó muy retratado en la Comisión de Economía del pasado martes para aprobar las tasas e impuestos municipales y para presentar el plan económico-financiero que debe implantarse en el Consistorio después de que los gastos en 2019 se dispararan en más de 12 millones por encima de lo previsto. Alicia Murillo, edil socialista que poco a poco va creciendo, lo señaló esta misma semana en esa comisión y en el posterior pleno: si el Gobierno central no fuese a levantar la regla de gasto para los consistorios, Málaga bien podría estar intervenida o ser sometida a un fuerte ajuste. No es el caso porque el Gobierno estatal ya ha anunciado qué senda quiere transitar. Claro que, hasta que la transite, hasta que ponga sus intenciones por escrito en el BOE, la revista más poderosa de España, los ayuntamientos siguen teniendo que cumplir las reglas de estabilidad y no pueden usar el remanente ni el superávit para lo importante: que la gente no pase hambre y mantenga, en lo posible, su casa. Ese estudio que iba a hacer el equipo de gobierno tampoco ha entrado en vigor ni puede hacerlo ahora, con la que está cayendo, vino a decir Conde. También aprobó el pleno en junio gravar a los grandes propietarios de casas que no son puestas en alquiler, para contribuir así a que se reduzca el precio del arrendamiento y siguiendo la estela de otras ciudades que ya se lo han planteado. Eso se lo echó en cara Murillo a Conde esta semana, pero la respuesta fue la misma, sobre todo porque los técnicos de Economía pueden dibujar muchos presupuestos, con previsiones de ingresos y gastos, pero en un ambiente de incertidumbre como el que atravesamos, tan volátil y en el que no se conocerá el desplome de ingresos del Consistorio hasta el primer trimestre de 2021, parece complicado que el equipo de gobierno renuncie a ingresos fijos. Hablar de impuestos, a veces, es hacerlo de supervivencia.
