Nuevo capítulo en la guerra que Ciudadanos le declaró al PP cuando Juan Cassá pasó a formar parte de la órbita del Gobierno que ambas formaciones comparten en la Diputación de Málaga. El partido naranja le pedirá al presidente provincial, Francisco Salado, que "cese de sus responsabilidades a Juan Cassá, cuya situación de tránsfuga queda acreditada tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de un concejal valenciano".
En estos términos se expresaron fuentes del partido naranja a la hora de recordar que, en la citada resolución judicial, "se especifica que quien pueda ser considerado tránsfuga no podrá asumir cargos o percibir retribuciones que antes no ejercía o percibía, e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".
En opinión de las mismas fuentes, "la justicia ha dado la razón a Ciudadanos, que ya exigió a Juan Cassá la devolución del acta por su condición de tránsfuga, en su planteamiento de que el transfuguismo es otra forma más de corrupción".
Asimismo, la formación naranja recordó que "desde Ciudadanos se seguirá trabajando para que se renueve el Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional, una vez que el pasado mes de julio la formación naranja logró reactivar la Comisión del Congreso tras diez años paralizada, con el objetivo de que este tipo de situaciones dejen de producirse en las administraciones públicas españolas".
Durante el pasado verano, el PP atrajo el apoyo de Cassá en la Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga después de que el asturiano abandonara en mayo la disciplina de CIudadanos y pasara a ser edil no adscrito. El incremento de su protagonismo en la institución provincial le aseguró a los populares mas estabilidad en este ente y, sobre todo, amortiguó una posible moción de censura en el Consistorio de la capital malagueña.
