La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), destina 5.239.400 euros para la puesta en marcha de programas de orientación profesional y acompañamiento laboral de la Red Andalucía Orienta.

A esta cuantía se le sumarán las unidades de carácter multiprovincial que tengan presencia en la provincia malagueña, según ha indicado la delegada territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, durante su visita a la Unidad Andalucía Orienta del municipio de Cártama, junto al alcalde de la localidad, Jorge Gallardo.

En esta convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, pueden acceder organismos públicos como entidades sin ánimo de lucro, corporaciones locales o universidades, entre otras.

La delegada territorial Carmen Sánchez ha declarado que "la convocatoria de estas ayudas, permitirá la atención de unos 50.000 desempleados que serán atendidos por un total de 115 técnicos". Asimismo, ha recordado que las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el nueve de noviembre.

También, ha expresado que este proyecto "permite dar continuidad a la prestación del servicio de orientación que está en funcionamiento al amparo de las convocatorias 2018 y 2019 de estos programas", cuyo período de ejecución finaliza el próximo 26 de diciembre.

Andalucía contará con un total de 46 millones de euros, los cuales financiarán el funcionamiento de las unidades de orientación que gestionan las entidades colaboradoras de la red, actualmente 283 en la región, a las que se suman 174 propias de la administración pública.

En el caso de Málaga, cuenta con 45 entidades colaboradoras y 20 propias del Servicio Andaluz de Empleo. Según ha comentado Sánchez, en ellas se prestan servicios de asesoramiento y acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empleo, a través de itinerarios personalizados de inserción. Además, ha explicado que "este modelo garantiza la atención y el seguimiento individualizado de las personas participantes, así como la derivación a otras políticas de empleo para facilitar la adquisición de competencias profesionales".

Estas ayudas, según ha añadido, respaldan proyectos de 14 meses en los que cubrirán los costes salariales y de Seguridad Social de los 884 técnicos andaluces que trabajan en las entidades colaboradoras andaluzas, de los que 155 pertenecen a Málaga, con cuantías de hasta 32.135,39 euros por año y profesional para titulados superiores y de 26.474,72 en el caso de personas con titulación de Formación Profesional.

Este proyecto también financia la contratación de personal de apoyo administrativo, con una cuantía máxima de 22.494,78 euros por año y trabajador. "En ambos casos, el servicio prestado deberá ser a jornada completa", ha aclarado la delegada provincial, a lo que ha añadido que las ayudas para otros gastos generales "podrán alcanzar hasta un 25% de la cantidad concedida en relación con los costes salariales".

En la distribución de técnicos en Málaga, tal y como ha manifestado Carmen Sánchez, se ha dado prioridad a los destinados a atender a desempleados en general (120 técnicos), así como 22 técnicos destinados a orientación de personas que sufren algún tipo de discapacidad física o psíquica (12 técnicos en caso de discapacidad física u orgánica, siete en caso de personas con discapacidad intelectual o psíquica y, tres técnicos para discapacidad sensorial) y 13 para atender a desempleados en riesgo de exclusión laboral.

Red Andalucía Orienta

La Red Andalucía Orienta está compuesta de unidades de orientación distribuidas por las ocho provincias andaluzas, desde las que se gestionan los programas de orientación y acompañamiento a la inserción laboral, teniendo como marco de procedimiento el Itinerario Personalizado de Inserción.

Las unidades se componen de un equipo técnico específico para cada programa, (pudiendo contar con personal de apoyo) y están dirigidas a la atención de personas desempleadas en general o a colectivos con necesidades especiales, como personas en riesgo de exclusión o personas con discapacidad.