Marea Verde de Andalucía y otras diez organizaciones que agrupan a la totalidad del ámbito educativo -alumnado, padre, y personal educativo docente y no docente- llaman a la huelga general educativa que han convocado para este jueves, 12 de noviembre, en defensa de la educación pública «cien por cien presencial, de calidad y segura», ante la «falta» de medidas reales y recursos para garantizarla», y en contra de «privatización progresiva a través de los conciertos».

Concretamente, las organizaciones son Marea Verde de Andalucía, Docentes por la Pública, CNT, SADI y SAT por parte del colectivo de trabajadoras de los centros de enseñanza; del lado de las familias, Escuelas de Calor, AMPAS en Pie y Grupo Activo Vuelta al Cole Segura de Puerto Real, y en el sector alumnado apoyan la iniciativa las Juventudes Libertarias, la Federación Estudiantil Libertaria y la Unión Sindical Estudiantil. En un comunicado, esta plataforma indicó ayer que han protagonizado movilizaciones desde principio de curso y que esta huelga «no se concibe como su culminación, sino como un jalón más en la lucha en defensa de la educación pública andaluza», toda vez que manifiestan que la «nefasta» actuación de las autoridades educativas frente a la pandemia «es el corolario de una serie de medidas que tratan de minar en profundidad los cimientos de la pública».

Por ello, entre sus reivindicaciones está la bajada de ratio a 15 alumnos por aula y que se mantenga; contratación de 20.000 profesores; oposición a la política de privatizaciones, con la consiguiente eliminación de los conciertos educativos; fin de la precariedad; aplicación urgente del artículo 8.1 de la Ley de Bioclimatización que incide en la calidad del aire interior de las aulas y espacios educativos, de cara, entre otras cosas, a reducir el riesgo de contagios por aerosoles; o exigencia de que la nueva Ley de Educación -Lomloe- cuente con la participación de los colectivos educativos.

Además, demandan la ampliación de los contratos de refuerzos Covid para todo el curso, y se oponen a la semipresencialidad «a costa del tiempo lectivo y del currículum, entendiendo que vulnera derechos fundamentales y que siembra aún más desigualdad», toda vez que piden un «aumento significativo» de la financiación y dotación de recursos de los centros con el objetivo de que «la presencialidad se acompañe de seguridad», una reducción de las tasas universitarias y derogación del Decreto de Escolarización.