Cuando el pasado 16 de octubre Yoana Collantes contó su problema en La Opinión, el Ayuntamiento de Málaga informó de que le había concedido una ayuda al alquiler por cuatro años, por un importe total de 17.000 euros, dado que se trataba de un caso de desahucio inminente.
Finalmente, cuenta Francisco Aguilar, fundador de la asociación Abanico Solidario, que media en casos de desahucio, la ayuda le llegó la semana pasada «y ella fue a recoger la documentación».
La situación de Yoana Collantes, de 32 años, que perdió su trabajo el año pasado y tiene un hijo de pocos meses, después de dos abortos, entraba de lleno en el supuesto estipulado por el Ayuntamiento de ayuda urgente por causa de desahucio; de hecho, este año ya ha sufrido dos intentos por parte del propietario, un gran tenedor de pisos en el Camino de San Rafael. Como explica la joven, en la actualidad, al estar en paro y lo mismo su pareja, deben al propietario unos 7.000 euros, pero la diferencia entre el alquiler y la ayuda municipal le permitiría pagar la deuda a lo largo de estos cuatro años.
La solución, sin embargo, no convence a la propiedad, que continúa con el proceso judicial para expulsar a la familia de la casa. De hecho, como ayer mismo confirmó la inquilina, el próximo desahucio está previsto para el 26 de febrero del año próximo.
«Nunca me he negado a pagar ni me he escondido», aseguraba el mes pasado a este diario pero sin embargo, como contaba Francisco Álvarez, el propietario había perdido la confianza con la inquilina. Por este motivo, el responsable de Abanico Solidario informó ayer de que solicitará la mediación del Ayuntamiento, dado que su asociación no ha logrado convencer a la otra parte.
«Pensaba que la pandemia iba a humanizar las cosas, pero estamos llegando a un punto de deshumanización», lamentó.
Si la propiedad sigue sin cambiar de criterio, Yoana, su marido y su pequeño tendrán que dejar la vivienda en febrero y deberán moverse mucho para poder encontrar otra vivienda. «He llamado a inmobiliarias, me he metido en anuncios y todos quieren nómina y contrato fijo», resumía ayer Yoana Collantes.
Para Francisco Álvarez, ahora mismo la ayuda al alquiler que concede el Ayuntamiento se ha convertido en «un estigma» para quienes la reciben. «Es como si tuvieras antecedentes penales, te están estigmatizando», lamenta.
En su opinión, parte de ese rechazo tiene que ver con el hecho de que, en ocasiones, esos contratos de alquiler «no están registrados», de ahí que los dueños de los pisos no quieran que ninguna administración esté detrás.
A este respecto, el fundador de Abanico Solidario pide un esfuerzo de las administraciones para regularizar el alquiler, «porque estamos perdiendo una recaudación muy importante». Además, a su juicio también hay que añadir los «trastornos y enfermedades» que pueden causar los problemas de la vivienda entre los inquilinos.
Este diario contactó ayer con el administrador de la propiedad, que declinó hacer cualquier tipo de comentario.
De momento, Yoana Collantes tiene la posibilidad de alquilar un piso durante cuatro años, gracias al respaldo del Ayuntamiento de Málaga, pero no encuentra quien le alquile.
