La Diputación de Málaga presupuestará en 2021 ayudas directas para la hostelería y otros sectores especialmente afectados por la pandemia. Así lo anunció durante el pleno provincial el presidente Francisco Salado, quien abogó por «bajar el tono» y apeló al «consenso» con vistas a que todos los grupos políticos dialoguen y articulen el destinos de estos fondos que se unirían a los ya disponibles en el Plan Málaga.
La institución provincial recordó que ha destinado este año, dentro del Plan Málaga para la recuperación económica y social de la provincia, 9.278.814,30 euros a la concesión de subvenciones a empresas y autónomos de diferentes sectores: hostelería y restauración (2.300.000 euros), industria agroalimentaria y comercio de productos alimenticios (950.000 euros), así como a textil, moda, artesanía y nuevas tecnologías (2.150.000 euros). Igualmente, ha dedicado 2.078.814,30 euros para ayudas directas al pago de cuotas de los autónomos y 1.800.000 euros como apoyo y estímulo a las empresas para la contratación de personas desempleadas.
No obstante, el Gobierno de PP, Ciudadanos y Juan Cassá votó en contra de una moción socialista que reclamaba la aprobación de 25 millones de euros de ayudas directas a la hostelería. El vicepresidente Juan Carlos Maldonado (Cs) le propuso al PSOE aceptar la moción si ellos no fijaban de inicio la cantidad, pero la enmienda no fue admitida y no prosperó la propuesta.
Más allá de las decisiones en las que se trabajen a partir de ahora para estas ayudas directas, el debate adquirió un marcado tono partidista que no se alineó con el consenso reclamado, a partir de ahora, por Salado para las cuestiones relativas a la pandemia.
La diputada socialista Antonia García calificó de «brindis al sol que no se ha consensuado con los sindicatos» el plan de ayudas a pymes y autónomos de la Junta mientras lo ensalzaba el equipo de Gobierno. El PP, en cambio, calificó la moción socialista de «oportunista» e invitó a Pedro Sánchez a que dé el mismo paso que dé el mismo paso que Andalucía.
Durante la sesión plenaria, también se aprobó por unanimidad una moción del grupo de Adelante por la que la Diputación de Málaga solicitará a la Junta de Andalucía horarios más reducidos que los de la hostelería para las casas de apuestas, entre otras medidas contrarias a la proliferación de estos locales consagrados al juego.
Gran Senda y Senda Litoral
En esta ocasión, a la tribuna de alcaldes se asomó el regidor de Torremolinos, José Ortiz (PSOE), para defender un proyecto para la conexión por Torremolinos de la Senda Litoral y la Gran Senda «que beneficiará a varios municipios y permitirá que la sierra no sea una barrera sino un puente al interior». En el debate posterior de una moción socialista relacionada con este propuesta, el Gobierno de PP y Cs rechazó el punto sobre la dotación presupuestaria de 476.000 euros para poner en marcha la iniciativa torremolinense.
Ahora bien, la institución aprobó por unanimidad «iniciar un proyecto que supondrá la conexión entre la Gran Senda y la Senda Litoral». «Se ha rechazado la moción presentada por el PSOE respecto a la sierra de Torremolinos al haberse negado la formación socialista a incluir, a propuesta del PP, el proyecto de reapertura del refugio y el albergue de La Cañada del Lobo», matizaron al respecto.
Fuentes de la Diputación añadieron que «eso no altera el compromiso adquirido por el equipo de gobierno de llevar a cabo la reapertura de estos equipamientos en La Cañada del Lobo, que precisamente es uno de los hitos en ese plan de conectividad que se quiere llevar a cabo entre la Gran Senda y la Senda Litoral».
Terrenos del tercer hospital
Todos los grupos políticos aprobaron otro de los trámites necesarios para que la Diputación proceda a la cesión a la Junta de Andalucía de los terrenos anexos al Hospital Civil para la construcción del macrohospital. Se trataba del cese del convenio con la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM), que posibilita el empleo de personas con enfermedades mentales en el aparcamiento del centro sanitario.
Pese a que votaron a favor, tanto el PSOE como Adelante exigieron al Gobierno de PP y Cs que inste a la Junta de Andalucía a que «se siente cuanto antes a firmar otro convenio para que esto afecte lo menos posible» a los ingresos que percibe y a la labor desarrollada para la inserción laboral.
La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, calificó de «chapucilla» que se haya retrasado este trámite «como si
manejasen los tiempos» para que el Gobierno andaluz coloque la primera piedra del tercer hospital «lo más cerca posible de las elecciones». «El cierre del Centro Guadalmedina se caracterizó por el atropello y las prisas o el del Centro de Alzheimer por el disimulo porque el centro sobre trastornos alimentarios no se ha llevado aún a cabo», aseveró Sánchez.
En términos similares se expresó la socialista Antonia García antes de la réplica de la vicepresidenta Natacha Rivas (PP), quien negó que no se hayan mantenido reuniones con FAISEM y se mostró segura de que al ser una fundación pública andaluza la Junta «está buscando la mejor solución posible».
