En la provincia, 345.411 estudiantes acuden cada día a un aula, bien de Infantil, Primaria, Secundaria o Formación Profesional. De todos ellos, el 75% (261.083) se sienta en el pupitre de uno de los 593 centros educativos públicos de Málaga, cerca del 19% (64.539) lo hace en un centro concertado de los 350 disponibles y solo el 6% (20.789) saca sus libros en uno de los 107 privados, según datos de la Delegación de Educación en Málaga.
Sobre la nueva ley que regirá su ecosistema, puede que en el próximo curso, y que vendrá a sustituir a la Lomce de 2013, la cuestionada Ley Wert, debaten desde las sedes parlamentarias hasta las plenarias más locales desde hace más de una semana, tras la aprobación de la octava reforma educativa española. La Lomloe o Ley Celaá, que ha saltado a las calles rodeada de confrontación, y ya ha motivado las primeras manifestaciones en coche que claman en su contra poco después de haber sido mandada al Senado.
Con este panorama, entre los sindicatos y asociaciones que representan a la comunidad educativa en Málaga, tanto de la esfera pública como privada, distan las interpretaciones de la enésima ley educativa y se suceden las definiciones para etiquetarla: un «ataque», una propuesta «poco valiente», «partidista» «ideologizada» que se deja flecos sin hilvanar y que será derogada tan pronto como el Gobierno cambie de color.
«Nunca hay consenso, las leyes no duran más de cuatro, cinco años, con mucha suerte si el mismo gana dos veces las elecciones, ocho años. Van poco más allá», recalca Pilar Triguero, portavoz de la Federación Democrática de Asociaciones de Padres de Alumnos de la provincia de Málaga por la Escuela Pública (FDAPA).
Aún así, hay un punto en común: la necesidad de alcanzar la estabilidad en la educación a través de un pacto de estado que siente las bases y acabe con las sucesivas derogaciones.
«[La Ley] Es una apuesta más desde el ámbito de la política educativa que desde lo que sería una reforma educativa más cercana a la realidad del aula», reflexiona José Ignacio Rivas, catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga. «En la medida que es una ley que nace de acuerdos desde partidos, es una ley que nace con sus miedos, con sus temores, entonces no es valiente, no apuesta por un cambio educativo real».
Pese a que Rivas celebra que con la nueva reforma, la Ley Wert -la que califica como una norma «retrógrada» que colocó a la educación española en una situación «crítica»- quede atrás, lo cierto es que no ve «excesivos cambios» con respecto a las leyes anteriores y lamenta el «hastío» y la «incertidumbre» con la que se enfrenta el profesorado a su propio trabajo. «No podemos estar cambiando de leyes al ritmo que cambiamos en este país».
La concertada, a debate
Entre los puntos que han desatado las discusiones más álgidas despunta, por encima de todo, las modificaciones en la regulación de los centros concertados -instituciones privadas sostenidas con fondos públicos a través de conciertos que alcanzan los seis años para la Educación Primaria y de cuatro años en el resto de niveles-. La Lomloe establece cuatro limitaciones principales:
Los centros públicos o concertados no podrán percibir cuotas de las familias por «recibir enseñanzas de carácter gratuito» ni «imponer la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios. Por otro lado, se elimina el concepto de «demanda social», esto es, la creación de nuevas plazas concertadas si hay familias que las solicitan. El suelo municipal solo se podrá ceder para la construcción de escuelas de titularidad pública y, por último, se limita la segregación del alumnado por sexos a los centros exclusivamente privados.
«Pensamos que a medio y largo plazo podrían desaparecer unidades de colegios concertados, condenándolos a un papel absolutamente subsidiario de la enseñanza pública a la que fortalece para que sea la única escuela gratuita», explican fuentes de FSIE, el sindicato mayoritario de la escuela concertada en Andalucía, que considera que la ley cercena la «libertad de elección» de las familias.
Una reflexión que choca frontalmente con la de la portavoz de Enseñanza de UGT Málaga, Encarna de la Chica, a favor de la derogación de la Lomce. «Estamos perfectamente de acuerdo en que tiene que haber un red pública y una red privada, la gente tiene derecho a llevar a su hijo a un colegio privado, lo paga y lo lleva, con sus normas. Pero en el colegio público, las pone la Administración educativa, y tiene que seguir una serie de reglas. La concertada siempre fue un suplemento de la pública, nunca un sustituto». Para María del Amo, presidenta de Anpe Málaga, sindicato independiente por la enseñanza pública, pese a que califica la Ley Celaá como una reforma «parcial», no la considera un «ataque a la concertada»: «La Ley regula simplemente que los padres que acuden a la enseñanza concertada no tengan que abonar una cuota».
«No ocurre que el 100% de los centros concertados lo haga [pedir cuotas]. Yo siempre defenderé que hay centros concertados que hacen una magnífica labor pero evidentemente no están situados en las zonas ricas de las capitales, están situados en barriadas marginales y hacen una labor social impresionante», aclara Pilar Triguero, de FDAPA. «Pero la generalidad es que la patronal de la enseñanza concertada es un negocio y quiere sacarle rendimiento con la excusa de la libertad de elección de las familias».
Por ahora, la octava reforma educativa va camino del Senado.
