Ya lo venían advirtiendo las sucesivas memorias de la Fiscalía Superior de Andalucía, en concreto en el apartado que redacta la Fiscalía Antidroga, pero el fenómeno sigue creciendo, extendiéndose y es ya una realidad palpable y peligrosa. Andalucía es hoy en día un santuario, un paraíso para el cultivo de la marihuana, cuyos nuevos cultivos, desarrollados tras modificar genéticamente las semillas, son potencialmente devastadores para la salud mental de los consumidores habituales, según estudios científicos que cita el ministerio público autonómico en la memoria de 2020, que glosa y compendia la actuación de la acusación pública en todos los ámbitos en la región durante 2019. Y la preocupación principal son los consumidores habituales más jóvenes y muchos menores. Además, indica, la comunidad se ha convertido en una zona de producción de esta droga para comercializarla en otros países: «No hay provincia que no esté libre de este tipo de actividad». Entre ellas, Málaga.

Así, dice el fiscal, «otro gran caballo de batalla (además del hachís) que crece exponencialmente año a año es el cultivo de marihuana». «Definitivamente Andalucía se ha convertido en una zona de producción de este tipo de droga, para su comercialización a otros países, especialmente de Europa. No hay provincia que no esté libre de este tipo de actividad, pues el precio de un kilogramo de marihuana en el mercado ilícito es de 1.490 euros, es equivalente a un kilo de hachís, 1.587 euros. La ganancia es muy superior al requerir mucho menos capital y riesgo la inversión», destaca el ministerio fiscal, que extiende el problema a todas las provincias, incluida, claro está, la Costa del Sol.

Ya alertó la Fiscalía Antidroga de Málaga en una entrevista concedida a este periódico en 2015 de que las «condiciones climatológicas que tiene Málaga son muy buenas para la producción de marihuana. Y ahora mismo hay organizaciones europeas de delincuentes que están utilizando a agricultores y a personas de Málaga para que les hagan las producciones para llevar a sus países». El entonces delegado Antidroga en la provincia, Fernando Bentabol, indicaba que una cosa es detener y destruir algunas plantaciones y otra es desmantelar una organización que se dedica a actividades que tienen una ramificación piramidal desde los jefes de la banda. «Aquí, por ejemplo en la Costa del Sol, tenemos algunas que tienen contratados plantaciones de sustancias como marihuana en la zona del Valle del Guadalhorce y en la Axarquía, son las mismas entidades». El acusador aseguraba que el agricultor ganaba mucho más dinero que plantando, por ejemplo, aguacates y los golpes policiales eran limitados, porque se acababa con la plantación pequeña pero no con el núcleo de la organización.

Volviendo a la memoria de la Fiscalía andaluza de 2020 (que hace referencia al año 2019), «el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atajar el problema es enorme, nos encontramos con dificultades para descubrir los delitos cometidos en el interior de edificios o chalés (indoor) y con la permisividad en parte de la población de que se trata de una droga más inocua». En este sentido, indica el ministerio público, «debemos alertar de que las concentraciones que se alcanzan con los nuevos cultivos derivados de semillas modificadas genéticamente son tan elevadas que estudios científicos alertan de las consecuencias nefastas para la salud mental de consumidores habituales, especialmente alarmantes en el caso de jóvenes y menores».

Asimismo, indica Antidroga, «la Fiscalía propone una regulación legal menos permisiva de la venta de este tipo de semillas, que actualmente no está fiscalizada al no contener principio activo ni, por tanto, estar considerada actividad ilícita».

Asimismo, la droga que plantea los problemas más graves de criminalidad en la comunidad es el hachís, «siendo la principal vía de entrada la marítima, por todo el litoral de la costa». Una vez instaurado el Plan Carteia, promovido por el Ministerio del Interior y ejecutado por el Organismo de Coordinación contra el Narcotráfico (Ocón Sur), que opera desde mediados de 2018 en Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva y, desde inicios de 2020, en Almería, la presión policial en el Campo de Gibraltar, con 93.615 kilos de hachís aprehendido en 2019, ha tenido como consecuencia el desplazamiento de las «descargas a otras zonas con menor presión policial», como el resto del litoral gaditano, Ceuta, Huelva o Almería. Y lo mismo ha sucedido con Málaga y Sevilla, «donde se ha confirmado la existencia de numerosos grupos criminales relacionados con los clanes del Campo de Gibraltar que utilizan las distintas localidades de estas provincias para dispersar la actividad delictiva a zonas alejadas de ese territorio, especialmente las poblaciones ribereñas del río Guadalquivir, Manilva, Estepona y Marbella, donde se han descubierto grupos delicados a la ocultación y preparación de embarcaciones de alta velocidad, la infraestructura para su avituallamiento con combustible, pilotos y la descarga y guarda de la droga, fundamentalmente».