La enorme mancha de narcotráfico relacionado con el hachís que se da en el Campo de Gibraltar afecta, como ha indicado el ministerio público, a las provincias limítrofes como ocurre con Málaga y, sobre todo, a las localidades de Manilva, Estepona y Marbella, usadas por clanes y grupos relacionados con las redes gaditanas que operan en torno a La Línea de la Concepción. En las ciudades malagueñas se han descubierto grupos dedicados a la ocultación y preparación de embarcaciones de alta velocidad, la infraestructura para su avituallamiento con combustible y suministro de pilotos y descarga y guarda de la droga. Ello supone, a su vez, que los juzgados están desbordados o sobrecargados, fundamentalmente los de Estepona y Marbella en la provincia.

«La confluencia de distintos grupos criminales en la consecución de grandes alijos, especializados en las distintas tareas y que colaboran con una o varias organizaciones, supone una seria dificultad para la tramitación de las macrocausas que derivan de las investigaciones que se llevan a cabo contra ellas. Ya alertamos de la lentitud de la instrucción, ante la falta de medios de los juzgados y tribunales y la ausencia de un sistema procesal adecuado a este tipo de criminalidad». Muchas de estas causas son asumidas por juzgados mixtos «que no tienen la suficiente capacidad para una tramitación en un tiempo razonable, lo que da lugar a la puesta en libertad de investigados con alta probabilidad de reincidencia y reinicio de la actividad delictiva, en algunas ocasiones».

Los juzgados de La Línea y San Roque han denunciado esta situación, la fiscal Antidroga de Huelva alerta de la saturación de trabajo en los juzgados del partido judicial de Ayamonte, desbordado por «las causas derivadas de las numerosas operaciones que se desarrollan en la zona».

«La sobresaturación de causas se produce también en juzgados de la zona de Marbella y Estepona, así como en los de Coria del Río, Lebrija y Sanlúcar La Mayor, lugares, todos ellos, en los que el grupo Ocón Sur ha desarrollado numerosas operaciones que han dado lugar a macrocausas», dice la Fiscalía Superior de Andalucía en su memoria de 2020, relativa al ejercicio 2019.

Asimismo, surgen problemas derivados de estas causas como la determinación de la competencia territorial, que da lugar «a inhibitorias y declinatorias, ante la falta de acuerdo de los juzgados implicados y que acaban derivando en cuestiones de competencia ante el Tribunal Supremo (TS) o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), implicando mucho más retraso».

En este tipo de situaciones, dice el ministerio público autonómico «se está en un callejón sin salida que sólo se puede solucionar con un cambio del sistema procesal actual y de la planta, reclamado desde hace mucho tiempo por la mayoría de los operadores jurídicos, pues la creación la creación de unos pocos juzgados sólo conseguirá aligerar algo la sobrecarga, pero como se ha demostrado, finalmente acabarán saturados en poco tiempo».