La crisis del coronavirus ha obligado a que cerca de 19.000 empresas malagueñas hayan tenido que recurrir desde el pasado mes de marzo a un crédito ICO para asegurar su viabilidad, con un montante de más de 2.500 millones de euros de financiación. De esta cantidad, 1.997 millones están avalados por el Estado y el resto por las propias entidades financieras, que ya estaban cerrando el grifo del crédito ante las escasas perspectivas de recuperación de algunos sectores.

Hace dos semanas, el Gobierno lanzaba un nuevo sostén para todas estas empresas con problemas de liquidez al aprobar en Consejo de Ministros un decreto ley para ampliar hasta el 30 de junio el plazo para solicitar nuevos créditos. Pero, sobre todo, al permitir extender de cinco a ocho años los vencimientos de estos préstamos y aceptar prorrogar un año más el periodo de carencia, que era de 12 meses, por lo que en la gran mayoría de casos vencía este próximo marzo. En España se han avalado más de 82.000 millones de euros en más de 880.000 operaciones. En Málaga se han efectuado 28.325 operaciones, el 3,2% del total nacional.

Los créditos ICO no son el único instrumento habilitado por el Ejecutivo para amortiguar el impacto económico y social de la pandemia. Los ERTE han sido el otro gran elemento desplegado para evitar quiebras y despidos. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo son 30.847 al cierre de noviembre en Málaga.

El volumen ha repuntado respecto a octubre en un mes en que en Andalucía se aplicaron nuevamente restricciones horarias al comercio y la hostelería, además de confinamientos por municipios, algo que ha afectado lógicamente a la actividad. El número de empresas con ERTE también sube: de 6.461 a 6.914. De ellas, 2.271 están acogidas a las medidas del decreto aprobado a inicio de octubre, cuando se aprobó la prórroga de los expedientes, e incluyen a unas 16.000 personas.

La cifra de personas en ERTE alcanzó un máximo de más de 122.000 personas en los primeros meses de la pandemia y fue bajando en verano, pero con la llegada del otoño el volumen se ha estancado y ahora, en el último mes, ha crecido de nuevo. Fuentes cercanas al Ministerio explican a este periódico que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha tramitado en Málaga desde el inicio de la pandemia más de 200.000 expedientes de personas en relación con un ERTE (se cuentan tanto altas como bajas), lo que la sitúa como tercera en este apartado, por detrás de Madrid y Barcelona, y por delante de provincias como Las Palmas, Baleares y Valencia (todas ellas también de perfil turístico).

Ayudas a autónomos

En cuanto a los autónomos, un total de 64.100 se beneficiaron de la prestación extraordinaria por cese o reducción de actividad que estuvo vigente hasta junio y que permitía la exoneración del pago de las cuotas de la Seguridad Social y una prestación mínima mensual de 661 euros (el equivalente al 70% de la base reguladora). Se abonaron 159 millones de euros en la provincia malagueña y los sectores más beneficiados fueron el comercio, la hostelería y la construcción. En total, la exoneración supuso un ahorro total a los autónomos de 95,5 millones de euros.

Actualmente, hay otra prestación extraordinaria activa para trabajadores por cuenta propia compatible con la actividad que en Málaga está beneficiando a más de 17.000 autónomos, también con una prestación mínima mensual de 661 euros. Para acceder a ella, deben acreditar una bajada en la facturación del cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% sobre el mismo período de 2019, así como no superar unos rendimientos netos de 5.818,5 euros (1,75 veces el SMI) en el período octubre-diciembre de este año.

Respecto al Ingreso Mínimo Vital, se han reconocido por ahora 6.899 solicitudes de familias (el 12% del total de las presentadas). Más de la mitad de las 23.400 personas beneficiadas en Málaga son menores. El Gobierno ha resaltado la gran complejidad administrativa de esta prestación y el esfuerzo administrativo que está realizando el Instituto Nacional de la Seguridad Social.