El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó ayer a España por «no dar los pasos necesarios para informar» sobre un desahucio contra los arrendatarios de un apartamento en Fuengirola y no buscar una dirección alternativa para notificar los impagos. España deberá indemnizar a los demandantes con 2.400 euros por daños morales y 8.417,50 por gastos, al vulnerar el derecho a un juicio justo, que protege el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La finlandesa Katerina Karesvaara (1976) y el gambiano Sulayman Njie (1972) alquilaron en 2010 dos apartamentos como vivienda habitual, propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en la calle Salvador Postigo y la avenida de Mijas. En el contrato figuraba una tercera dirección de los demandantes en la calle Las Viñas, también en Fuengirola. Un año y medio después el banco les envió a la avenida de Mijas un burofax reclamando 3.950,80 euros por impagos del segundo apartamento, que no tuvo respuesta.