Rueda de prensa de IU y Podemos para denunciar supuestas irregularidades en la gestión del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) que hace la empresa Gestión y Comunicación SL. Así, los ediles Nicolás Sguiglia y Eduardo Zorrilla han presentado una moción que llevarán al pleno del miércoles en la que exigen "la apertura de una investigación y depuración de responsabilidades en relación con numerosas irregularidades" por parte de la adjudicataria.

Sguiglia asegura que han tenido conocimiento de "incumplimientos graves en el apartado de personal, con despidos, reducción de la plantilla y la aplicación de un ERTE que consideramos fraudulento, pues el Ayuntamiento de Málaga ha seguido ingresando las cantidades mensuales que corresponden según el contrato, por el que la empresa percibe 3,2 millones de euros anuales, incluso durante el periodo en el que el equipamiento ha estado cerrado a causa de las medidas para el control de la pandemia". Ello, ha indicado la confluencia en un comunicado, les ha llegado a denunciarlo todo a la Consejería de Empleo, así como también a pedir al equipo de gobierno que reduzca la asignación prevista para el CAC en 2021 "en la cantidad proporcional al ahorro en costes laborales de los trabajadores incluidos en el ERTE realizado entre marzo y mayo de 2020".

Otra "negligencia" sería, según Sguiglia, que la "alarma lleva un año sin funcionar". "A la vez, los trabajadores encargados de la seguridad, subcontratada a una empresa privada, acumulan ya tres meses de impago de salarios y la Inspección de Trabajo ha multado a la empresa por no tener aire acondicionado y provocar que los trabajadores tengan que realizar sus tareas a más de 35 grados".

Zorrilla, por su parte, ha pedido que valore municipalizar el servicio y que se exija a la adjudicataria el pago "con la máxima celeridad de los salarios adeudados a los trabajadores del servicio de seguridad".

La edil de Cultura, Noelia Losada, ha asegurado esta mañana que "el contrato que ganó la empresa que gestiona ahora mismo el CAC es un contrato de prestación de servicios, por tanto si durante la época de la pandemia, los meses que vivimos más duros del confinamiento, la empresa realizó un ERTE evidentemente eso el Ayuntamiento no lo abona, en la realización de servicios que nos están prestando eso se detrae de la factura que se paga".

La edil ha calificado de "incierto" que el Ayuntamiento tenga estipulado un canon fijo que paga a la concesionaria de estos servicios, "pagamos realmente por servicios prestados, y si no se han pagado esas nóminas evidentemente el Ayuntamiento no las abona".

"El servicio se presta de conformidad con un pliego y que se cumplan las condiciones de todo lo que ese pliego imponía a la empresa adjudicataria el Ayuntamiento no puede hacer una rescisión de esa concesión de prestación de servicios, por tanto mientras que dure estos cuatro años esa concesión y se cumpla con todos los parámetros que venían en el pliego no podemos rescatar esa concesión como pretende la moción", ha concluido.