Málaga es la segunda provincia del país con más viviendas turísticas, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Habría más de 34.500 en la Costa del Sol y 5.899 en la capital. Es, por tanto, un sector empresarial emergente, pero que también ha generado numerosas quejas de vecinos de la ciudad por los problemas de convivencia que causan algunos turistas. Hasta ahora, los intentos por regular este fenómeno han sido tímidos, pero la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS), que abre, por ejemplo, la puerta a limitar el número de habitaciones por pisos vacacionales (el fallo judicial se refiere al caso del Ayuntamiento de Bilbao, donde el límite es de tres por vivienda turística), propicia que los ayuntamientos, hasta ahora reacios a meterse en estas lides regulatorias salvo excepciones (Barcelona, por ejemplo), hayan decidido dar un paso al frente en este sentido.

El Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, ha confirmado oficialmente que va a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular las viviendas turísticas en la capital. De hecho, la Gerencia de Urbanismo se va a reunir en enero con el Colegio de Administradores de Fincas y con las asociaciones del sector, entre ellas la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), para «buscar el consenso en la regulación», confirma el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López. «Hay que consensuar un poco con los promotores de las viviendas y los administradores de fincas, esto es un problema de convivencia y, claro, hay que llegar a cierto consenso». No sabe, de cualquier forma, aún cómo se articulará esa regulación: si limitando, por ejemplo, el número de viviendas por zonas, barrios o distritos o, como ha ocurrido en Bilbao, limitando la cifra de habitaciones a tres por piso, de forma que en un inmueble del centro de la ciudad vasca sólo puede haber una vivienda de esta naturaleza por edificio. Así, el edil quiere ver qué dicen los representantes de estos colectivos y luego se decidirá cómo se articula la regulación vía, eso sí que lo confirma, modificación del PGOU, entre otras medidas. La idea, insiste, en esas reuniones que tendrán lugar en enero será buscar el consenso.

El pasado miércoles, en el pleno del Consistorio, de hecho, una moción presentada por el PSOE sirvió para que el equipo de gobierno se retratara en este sentido y se acordó por unanimidad instar al Consistorio a consensuar con los agentes implicados la modificación del PGOU que regule el uso de las viviendas turísticas, así como instar a la Junta de Andalucía a que actualice el decreto que regula a nivel autonómico estos pisos vacacionales, una vez que se ha conocido la sentencia del Supremo en relación a Bilbao.

Alicia Murillo, edil socialista, recordaba en el cuerpo de la moción que el Consistorio bilbaíno modificó el PGOU y calificó las viviendas de uso turístico como equipamiento, en lugar de inmueble residencial, lo que supone que sólo pueden ser viviendas turísticas las situadas en plantas bajas o primeras plantas, salvo que tengan acceso independiente de la calle (lo que parece una solución factible para ayudar a reducir los problemas de convivencia). En algunas zonas céntricas de la ciudad, se limitó el número de viviendas por edificio a una, se aprobó la exigencia de un informe urbanístico para aquellos alojamientos turísticos que quieran operar como tal y se limitó a un máximo de tres habitaciones en las viviendas que se usen para alquiler turístico. Esta modificación del planeamiento bilbaíno la recurrió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero el Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento, dice Murillo, y, por tanto, «respalda que los ayuntamientos limiten las viviendas turísticas para proteger el entorno urbano». Es decir, indica la concejal, las ciudades pueden ya jurídicamente limitar las viviendas turísticas. Si será por zonas, barrios, edificios o distritos es lo que debe decidir ahora Málaga.